Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas esperaban anoche la decisión del juez de instrucción para saber si quedaban o no en libertad después de que a lo largo de toda la tarde declararan, uno por uno, en el marco de la orden europea de detención y entrega cursada el pasado viernes por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Todos se entregaron voluntariamente a primera hora de la mañana de ayer. Este juez no tiene capacidad para anular la euroorden, que competerá posteriormente a la Cámara del Consejo, una especie de Tribunal de Primera Instancia.
Durante todo el día permanecieron «privados de libertad» en dependencias de la Fiscalía de Bruselas que comparte sede con el Tribunal de Primera Instancia hasta que les llegó el turno de declarar.]
Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig se presentaron voluntariamente en una comisaría del centro de Bruselas a las 09.17 horas de la mañana. «Hemos tenido contactos regulares con los abogados de las cinco personas y se acordó una cita esta mañana (por ayer) en la comisaría federal en la calle Royal», explicó el portavoz de la fiscalía de Bruselas y magistrado, Gilles Dejemeppe.
A los cinco, que llegaron acompañados por sus abogados, se les notificó la euroorden y fueron privados de libertad. «Esa privación de libertad es obligatoria, está prevista en la ley. Es una privación de libertad que les permite consultar también la orden de detención y conocer el contenido», aseguró Dejemeppe.
Posteriormente, fueron trasladados en vehículos policiales a la sede de la Fiscalía donde el juez de instrucción encargado del caso les escuchó. Según Dejemeppe «no llegaron esposados porque no representaban un peligro para los policías que les acompañaban» ni «había riesgo de fuga». El procedimiento fue en neerlandés y se nombró un juez neerlandófono porque fue la lengua elegida por Puigdemont y los exconsejeros -podían elegir francés o neerlandés- que prestaron declaración a puerta cerrada, en turnos sucesivos, acompañados de sus respectivos abogados e intérpretes.
El juez disponía de un plazo de 24 horas, es decir, hasta hoy a las 09.17 horas de la mañana, para pronunciarse sobre si ordenaba su detención provisional, como había pedido la jueza española, o les dejaba en libertad, con medidas cautelares o sin ellas. Solo si decretaba prisión provisional serían trasladados a una prisión aunque si no existe riesgo de fuga lo más probable es que el juez les dejase en libertad con algún tipo de medida cautelar.
Anoche, se estaba a la espera de que el juez redactara el auto y lo hiciera púiblico.
LAS ALEGACIONES / La euroorden entró en vigor el 1 de enero del 2004 y en circunstancias normales implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves -desde terrorismo hasta tráfico de armas- recogidos en el mandato. En la práctica, sin embargo, no hay garantías absolutas de que Puigdemont y sus exconsellers terminarán en España, especialmente si alegan riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, una estrategia que su abogado ha indicado va a seguir.
«Es necesario que los hechos por los que debe ser extraditado existan en el Estado miembro al que piden la extradición», explicó a este diario Anne Weyembergh, experta en euroorden y profesora en el Instituto de Estudios Europeo de la Universidad Libre de Bruselas. Esto significa que si la justicia belga decide que los delitos no se corresponden o incluyen penas desproporcionadas España no podría juzgarlos ni por rebelión ni por sedición.
