Una vez que el juez Pablo Llarena concluyó el martes la instrucción de la causa abierta por rebelión, malversación o desobediencia, las actuaciones seguidas contra los 18 procesados a disposición de la justicia española han pasado a manos de los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que empezarán a juzgarles a finales de año o como muy tarde en enero. Esa es al menos la intención del alto tribunal, que no oculta su extrañeza al constatar que el interés de la defensa parece pasar por retrasar lo más posible la vista oral, como si quisiera acercarla a las elecciones de mayo.

Las fuentes jurídicas consultadas no descartan que, además de los recursos pendientes ante la Sala y los que se interpongan también intenten aplazar la vista oral recusando a los magistrados que celebrarán un juicio, que se prevé que dure un par de meses porque contará con más de un centenar de testigos y una veintena de acusados.

Con independencia de que se produzcan o no las recusaciones, para cumplir los plazos del tribunal será necesario que las pruebas que este acuerde permitan a la fiscalía presentar su escrito de calificación en agosto o septiembre, para que un mes después lo hagan las defensas. Ahí se comprobará si el ministerio público acusa el cambio de Gobierno o mantiene los delitos igual.