--El Estatuto catalán ha abierto un debate político y jurídico en torno a la definición de Cataluña como nación. Usted, que por su condición de ministro y exjuez compagina la vertiente política y la jurídica, ¿ve compatible aprobar este reconocimiento nacional con el respeto al artículo 2 de la Constitución, que consagra la nación española?--El artículo 2 de la Constitución dice lo que dice, y no debe quedar ninguna duda de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español.

--¿Cree que el Estatuto pone la soberanía nacional en cuestión?--Tengo que insistir en la misma idea: lo que creo es que no debe quedar duda alguna de que el Estatuto será respetuoso con la soberanía nacional, tal y como la describe la Constitución.

--La estructura judicial que la Carta dibuja para Cataluña, ¿casa con la reforma de la justicia que está diseñando el Gobierno?--Casa el principio de que la última instancia en la comunidad autónoma sea el Tribunal Superior de Justicia y que el Supremo se encargue de la unificación de la doctrina, que es lo que dice la Constitución. Por tanto, en cuanto a la actividad jurisdiccional, no hay ningún problema.

--El Estatuto catalán también regula la creación del Consejo de Justicia de Cataluña. ¿Le suscita ese punto objeciones?--En relación a los consejos autonómicos de justicia, la Constitución es muy clara: debe ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que nombre a los jueces y el que fije el régimen disciplinario y la inspección, entre otras funciones. Todo lo demás se puede descentralizar. Lo que hay que preguntarse es si son necesarios los consejos autonómicos de justicia o si basta con la salas de gobierno de los tribunales superiores. Es decir, si conviene multiplicar por 17 el CGPJ. Todo eso es lo que habrá que discutir aquí, en Madrid.

--¿Saber catalán puede ser un requisito para optar a una plaza de juez en Cataluña, como dice el Estatuto?--No puede ser un requisito impeditivo, aunque sí un objetivo deseable. De todos modos, con el tema de las lenguas no creo que haya ningún problema. De lo que se trata es de que todo el mundo que vive y trabaja en Cataluña hable español y catalán al mismo nivel, y que utilice el idioma que quiera. Siempre me he negado a hacer política de confrontación con la lengua. En Cataluña, eso no es un problema.

--¿Qué riesgos y qué oportunidades afrontan Cataluña y el resto de España con el debate sobre el nuevo Estatuto de Cataluña?--Coincido con el presidente Zapatero, quizá porque soy moderadamente optimista. Esto es una oportunidad, no es ninguna debacle ni el apocalipsis. Creo sinceramente que es posible profundizar bastante en el autogobierno sin salirse de la Constitución, de la misma manera que creo que hay que cortar cualquier veleidad inconstitucional del Estatuto que se ha enviado a las Cortes. Hay que tocar el blindaje de las competencias, el sistema de financiación y todo el capítulo relativo a la unidad de mercado, que se está discutiendo poco, pero que es tremendo. Y todo esto, que al fin y al cabo es un proceso de normalidad democrática, hay que hacerlo con total tranquilidad y sensatez, sin que nadie se eche al monte.

--No será fácil.--Yo me creo España, que es un país moderno y un Estado democrático y de Derecho. En las sociedades democráticas y los estados de Derecho estas cosas se tratan con tranquilidad y con sensatez, sin alharacas apocalípticas.