Quim Torra ha decidido afrontar al ataque el juicio que, debido a una pancarta, lo puede apear de la presidencia de la Generalitat. «No voy a defenderme de nada porque cumplí mi deber como president: defender los derechos y las libertades. Voy a acusar al Estado de vulnerar mis derechos y los de todos los ciudadanos», tuiteó horas antes de convertirse en el primer president de la etapa democrática que se sentará en el banquillo de los acusados en el ejercicio de su cargo.

El jefe del Ejecutivo catalán está acusado de desobediencia por un hecho muy concreto y que estuvo a la vista de todos: negarse -de entrada- a retirar la pancarta con el lazo amarillo del Palau de la Generalitat durante la campaña a las elecciones generales del pasado mes de abril. El fiscal reclama para él un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un presunto delito de desobediencia, al haber «desatendido abiertamente» las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar este símbolo independentista.

El juicio se celebrará en en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y está previsto que se inicie y acabe hoy. Primero declarará Torra y tras él 11 agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el comisario de los Mossos Miguel Esquius.

COMPARECENCIAS / Tras ello, comparecerán ante los magistrados el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carles Carrizosa (que presentó la querella ante la fiscalía), la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, la portavoz del Ejecutivo catalán en marzo del 2019, Elsa Artadi, el Síndic de greuges (el defensor del Pueblo), Rafael Ribó, y el conseller de Interior, Miquel Buch.

El fiscal superior, Francisco Bañeras, expone en su escrito de acusación que el 11 de marzo pasado la JEC conminó al president a que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos de la administración autonómica en el plazo de 48 horas para mantener la neutralidad política durante la campaña.

«No obstante la claridad de la orden» de la JEC, Torra, que ya había presentado sus alegaciones, «decidió desatenderla a pesar de ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento», puntualiza el fiscal. Poco antes del vencimiento del plazo, sin embargo, el president presentó un escrito en el que instaba al organismo a una reconsideración del acuerdo adoptado. Dicho escrito, a pesar de ser «aparentemente improcedente al tratarse de una resolución firme», fue aceptado por la Junta Electoral.

Días después, el 18 de marzo, el organismo electoral ratificó su decisión de que se retiraran los lazos y advirtió a Torra de las «responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que pudiera incurrir si persistía» en su «desobediencia» a estos acuerdos.

El presidente catalán, sin embargo, «desatendió» dicha orden y vista su «contumacia», el 21 de marzo, la JEC requirió al consejero de Interior que procediera a quitar los lazos. No hizo falta, ese día se retiraron de los edificios públicos.

En su declaración judicial, Torra admitió abiertamente ante el juez haber desobedecido las órdenes de la JEC de retirar las pancartas con lazos amarillos y la simbología independentista de la fachada de Palau. «Sí, desobedecí», dijo Torra ante el juez el pasado 15 de mayo. También argumentó que la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de su competencia era ilegal e inaplicable e invocó la libertad de expresión y de pensamiento político.

UNA DECISIÓN CONTROVERTIDA / La decisión de Torra de mantener durante días el pulso a la Junta Electoral generó no pocas tensiones internas en el seno del Govern -que hoy lo arropará a la entrada al TSJC- , donde destacados dirigentes recomendaron al president que retirara los lazos. Su argumento, en público y privado, fue siempre el de que se trataba de una cuestión de conciencia personal y de defensa de valores fundamentales.

Torra ordenó colgar una pancarta con un lazo blanco y una franja roja con un lema en defensa de los presos independentistas y los «exiliados». También fue impugnada y finalmente, Torra acabó cediendo del todo. Pero pese a ello, el procesamiento ya estaba en marcha y puede llevarlo a perder el puesto y a que se avancen las elecciones si no hay un candidato alternativo.