La raíz del mal ambiente (II)

Y es así porque no hay discurso político que pueda provocar una mayor polarización en la sociedad que el territorial. Cuando se le pone el foco, todos los demás problemas o desaparecen o pasan a ser examinados desde esa perspectiva.

El PP ha convertido tal discurso en el eje de toda su política, tanto cuando ha estado en el Gobierno como ahora en la oposición. En los primeros años de la primera legislatura no pudo hacerlo porque los resultados electorales de 1996 no se lo permitieron. Pero a su final, y durante toda la segunda legislatura, con mayoría absoluta, sería la amenaza para la unidad de España del nacionalismo vasco, ejemplificada en el plan Ibarretxe , el centro del debate y de la política. A dicha amenaza vasca se sumaría al acabar el mandato la amenaza catalana, tras el resultado de las últimas autonómicas y la formación del tripartito.

Aumento

No se puede decir que dicha estrategia haya sido acompañada por el éxito. La demonización del nacionalismo vasco no le permitió convertir a Jaime Mayor Oreja en lendakari en las elecciones autonómicas del 2002 y le ha conducido a un retroceso y a una posición política muy subalterna desde entonces. La demonización de Carod-Rovira y de Esquerra en la campaña electoral de las generales del 2004 no sólo le impidió ganar las elecciones, sino que condujo a un aumento espectacular del partido demonizado. El centroderecha español no tiene fuerza, en condiciones democráticas, para imponer su uniforme idea de España.

Pero sí puede tenerla para impedir que pueda prosperar una visión alternativa del país, que permita compatibilizar el principio de unidad política del Estado con la existencia de una realidad plurinacional. Sí puede ser fuerte para intentar evitar que la Constitución formal refleje realmente la constitución material territorial de España. Es lo que está intentando hacer desde que el Parlamento catalán aprobó el proyecto del Estatuto.

La cruzada que ha puesto en marcha en defensa de la unidad de España frente a la amenaza catalana está llegando todavía más lejos de lo que llegó por la amenaza vasca. Entre otras razones, porque lo que el PP entiende como amenaza catalana no viene acompañada de una acción terrorista y, a diferencia del plan Ibarretxe , tiene tras de sí el respaldo de todos los partidos políticos menos el PP, y cuenta con un apoyo muy mayoritario en la sociedad catalana.

Rajoy está intentando provocar un terremoto similar al que hizo descomponerse a UCD a principios de los 80. Está intentando convencer a los ciudadanos de que el PSOE se habría deslegitimado como partido de gobierno por su gestión de la reforma catalana, esto es, por su parcialidad territorial, por su subordinación al nacionalismo catalán, que presagia una subordinación al nacionalismo vasco. Los resultados que está obteniendo son, por el momento, alentadores, y de ahí que quepa esperar que el PP siga en esa dirección y que incluso acentúe la presión en las próximas semanas, intentando conseguir que la crispación social aumente y haga imposible cualquier debate sereno. En esa tarea va a contar con el apoyo de la Iglesia católica o, al menos, del sector dominante de la jerarquía eclesiástica, y de poderosos medios de comunicación. Se trata de hacer descarrilar el tren reformista, de las reformas constitucionales y estatutarias, aunque el resultado final sea un pantano que dificulte la convivencia.

Periodo decisivo

Los próximos meses van a ser muy decisivos para el futuro del autogobierno de Cataluña, pero también para el futuro de la democracia en España. Y los vamos a vivir, previsiblemente, en medio de una sucesión de conflictos que, al calor del debate estatutario y de lo que puede percibirse como una posición de debilidad del Gobierno por ese motivo, van a ser explotados con apoyos mediáticos muy poderosos. La activación del conflicto Iglesia-Estado, que ha acompañado toda nuestra trayectoria constitucional y que parecía haber sido resuelto con la Constitución de 1978, parece que va a acompañar al debate. Empezó con la movilización contra el matrimonio de homosexuales y ha continuado con la campaña contra la ley orgánica de educación, impulsada por los mismos protagonistas. En el ámbito económico, las protestas laborales-empresariales (de momento, mineros, pescadores y agricultores) han encontrado el momento oportuno para hacerse sentir en la calle y obligar al Gobierno a atajarlas.

La resistencia a la devolución a Cataluña de los documentos del Archivo de Salamanca, el activismo de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, el debate sobre el reparto del agua o la reacción ante la presión de la inmigración sobre Ceuta y Melilla, todos estos problemas tan dispares se han sumado a un mismo ambiente de crispación y a todos se les ha visto relación con el debate territorial.

Los problemas materialmente constituyentes, y el que padecemos lo es en su máxima expresión, suelen presentarse así, en forma de crisis. En su solución es donde un sistema político se la juega. O se fortalece o se debilita, o incluso puede llegar a descomponerse. Esta incógnita es la que vamos a tener que despejar en los próximos tiempos. Y mientras la despejamos, vamos a vivir en la incomodidad que la incertidumbre constitucional siempre genera.

*Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla