"Voy a esperar a que se pronuncie la justicia y después, veremos". Con una frase muy similar a esta se refirió ayer Mariano Rajoy, en una reunión a puerta cerrada con la ejecutiva de partido, a la situación de su organización en Valencia, donde el futuro de su presidente y responsable del PP regional, Francisco Camps, y el de dos de sus presidentes de diputación, Carlos Fabra --Castellón-- y José Joaquín Ripoll --Alicante-- depende de la decisión que tomen distintos jueces en las próximas semanas.
Así, mientras Camps aguarda para saber si debe someterse a un juicio con jurado por el caso de los trajes, tanto Fabra como Ripoll están imputados por distintos delitos ligados a la corrupción. En ese contexto, la dirección popular cree prudente retrasar en lo posible la designación de candidatos en esta comunidad, por si las circunstancias obligaran a acometer cambios.
Claro que esa misma estrategia de dilación es la que está llevando a cabo Rajoy en otras comunidades como Asturias, donde continúa la lucha entre los partidos de Francisco Alvarez-Cascos y la mayoría del PP asturiano, que rechaza su regreso a la política. "No habrá decisión sobre Cascos hasta la vuelta de vacaciones", apuntaron ayer fuentes del entorno del líder conservador. Finalmente, Rajoy hizo balance del año ante sus compañeros y defendió su posición ante la sentencia del Estatuto catalán.
POR EL BIEN DEL PARTIDO En lo que sí hubo novedades ayer es en el caso de los espías supuestamente ligado a la Comunidad de Madrid, ese que recientemente archivó una jueza. Dos dirigentes del PP presuntamente espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, anunciaron recurso a la citada decisión de la magistrada. Pero, ayer, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, les obligó a cambiar de idea. "Por el bien del partido", añadió ella.
Finalmente, Cobo cedió a las presiones de la dirección nacional de su partido y retiró el recurso contra el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la instrucción judicial sobre el espionaje sufrido presuntamente por agentes del Gobierno autonómico madrileño.
Y ello a pesar de que el número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, en su recurso contra el auto, consideraba "palmario que aún" quedaban "más pruebas que practicar" para determinar si hubo un delito de malversación de fondos públicos.
Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, agradeció a la dirección nacional del partido que hubiera hecho "imperar el sentido común" al instar a Cobo a retirar el recurso. Cobo manifestó el 2 de febrero que "en este mundo puede haber ocasiones en las que determinadas personas quieran o pretendan tener instrumentos o información sobre determinadas personas".
