Mariano Rajoy tuvo ayer a un equipo de funcionarios del partido leyendo folios y folios del sumario. A las nueve de la noche, ese grupo de lectores no había logrado devorar las más de 50.000 páginas que componen el ingente documento judicial, aunque ya manejaban una conclusión que transmitieron al jefe: "No hay nada nuevo". Pero la dirección popular ya tenía claro, desde mediodía y sin necesidad de lecturas tediosas, que ese iba a ser el mensaje oficial con el que intentaría, en lo posible, dar réplica al aluvión de información que se les venía encima. "Ni rastro de financiación ilegal y nada nuevo en el sumario", apuntaba pasada la una de la tarde un portavoz del PP. O sea, la estrategia pasa por dar por amortizado el caso Gürtel y evitar, al menos de momento, nuevas medidas disciplinarias.
Sorprende la actitud de la cúpula conservadora cuando, hace apenas 24 horas, Rajoy se comprometía ante su comité ejecutivo a ser "contundente" con todo aquel que apareciera salpicado por la trama. Especialmente cuando el levantamiento del secreto apuntala los indicios que se manejaban contra el extesorero del partido Luis Bárcenas.
Sin embargo, el entorno de Rajoy recalcaba ayer que "ya se ha actuado con contundencia" con los imputados. Esta es una verdad a medias, puesto que, hasta el momento, se han tomado decisiones más o menos severas dependiendo de quién fuera el afectado. Bárcenas ha sido uno de los más mimados por el PP ya que, pese a dejar de ejercer sus funciones de tesorero cuando comenzó a ser investigado por el Tribunal Supremo, conserva su condición de militante de un partido que, además, le costea sus gastos de defensa. Ayer, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, salió a dar la cara por el extesorero y recalcó que "no se van a tomar medidas" en su contra.
A LA ESPERA DEL SUPREMO En cualquier caso, otras fuentes populares matizaron que cualquier decisión polémica sobre Bárcenas queda supeditada al futuro levantamiento del secreto de sumario en el Tribunal Supremo. Pero más allá de Bárcenas, el PP estaba empeñado ayer en subrayar que "no hay financiación ilegal" en las arcas populares.
Esta es otra verdad a medias, porque en el sumario se incluye un informe policial sobre el PP valenciano que señala que allí existió "un sistema de doble facturación y financiación irregular". Detrás de esta operación estaba, según la brigada de blanqueo de capitales, Ricardo Costa.
También han cerrado los ojos Rajoy y los suyos a otro informe policial que analiza la información hallada en un pendrive que pertenecía a la red Gürtel . En el mismo, hay indicios de que Fundescam --una fundación ligada al PP de Madrid-- sirvió para enmascarar a empresarios que terminaban costeando actos políticos. Esos "cambios de facturación" se habrían producido en el 2003 y el 2004, cuando Pío García-Escudero era responsable de los populares madrileños. El entorno de la actual responsable del partido en la comunidad, Esperanza Aguirre, niega la financiación ilegal en su etapa (desde noviembre del 2004) y echa las culpas al exconsejero Alberto López Viejo de los más de 500 contratos que firmó su Administración con Correa, con trampas incluidas en varias ocasiones.
HERRERA Tan solo el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hizo ayer algún ademán de limpieza cuando dijo que podría tomar medidas si el juez se inclina por imputar a alguno de sus dirigentes. Y es que hay sospechas fundadas de que el exconsejero de Fomento José Manuel Fernández Santiago podría estar siendo investigado.
En este contexto, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprovechó ayer para reclamar a Rajoy que dé explicaciones y que tome decisiones de "verdad", informa Neus Tomás.
