Consciente de que el discurso duro sobre la política de inmigración vende, especialmente cuando se avisa a la población de que se avecina una crisis económica, Mariano Rajoy no ahorró ni un gramo de contundencia al proponer, ayer en Barcelona, sus propuestas electorales sobre esta cuestión. El líder del PP abogó por un mayor control de la inmigración ilegal, por agilizar la expulsión de los irregulares e incluso de los que tienen permiso de residencia si incurren en delitos menores --si son graves deberán ser juzgados aquí, precisó--. También propuso endurecer las condiciones para los que quieran venir a España.

Rajoy propuso un "contrato de integración" --que definió como un "compromiso con valor jurídico"-- por el cual los extranjeros estén obligados a aprender "las leyes, la lengua y las costumbres" como requisito para obtener permisos de residencia de más de un año. Rajoy quiere adoptar medidas que ya rigen en varios países europeos. Y, además, declaró ayer, ante un auditorio entusiasta y en su mayoría integrado por gente mayor, que no está dispuesto a tolerar guetos. El objetivo, afirmó, es que los inmigrantes se integren y tengan los mismos derechos y deberes que los españoles. El plan de Rajoy guarda gran similitud con el que CiU presentó en las autonómicas del 2006.

Así, como hiciera CiU en el caso catalán, Rajoy defendió la necesidad de primar la contratación en origen, una medida para la que anunció la creación de una agencia de inmigración y empleo. Aseguró que apoyará que las empresas cuenten con agencias de intermediación privadas que las provean de trabajadores ya formados.

El líder del PP se esforzó especialmente en subrayar que no le temblará el pulso a la hora de controlar los flujos migratorios. Afirmó que si alcanza la presidencia no habrá "nunca más" una regularización masiva, como la que hizo el Gobierno de Zapatero, que, dijo, provocó la llegada de un millón de inmigrantes irregulares.