Si Mariano Rajoy ha iniciado el viaje hacia el centro, lo ha hecho dando rodeos. Para conjurar nuevas defecciones como las de María San Gil o José Antonio Ortega Lara, el presidente del PP, debilitado internamente tras la segunda derrota electoral, ha tenido que transigir tanto ante los sectores críticos con su liderazgo como con su propósito de moderar el discurso del partido. Las componendas para integrar las enmiendas del ala dura del PP en la ponencia política, ideario ya de por sí beligerante con los nacionalismos por las presiones de San Gil, han acabado desvirtuando el giro al centro anunciado por Rajoy y sus fieles.

Desde este fin de semana, cuando el 16º congreso del PP lo reelija como presidente hasta el 2011, Rajoy deberá intentar la doble cuadratura del círculo: la primera, consolidar su liderazgo aunque los resultados electorales no acompañen --y mientras sus detractores, agazapados, esperan la oportunidad para destronarlo--; y la segunda, conciliar su apuesta por templar su discurso para romper el aislamiento del partido y combatir el voto anti-PP, el que le hizo perder las elecciones en Cataluña y Euskadi, con las demandas del sector duro del partido y de su entorno mediático, que le exigen mayor contundencia en la defensa de la unidad de España frente a los nacionalistas.

Si la ponencia política que aprobará este cónclave --la hoja de ruta ideológica del PP-- sirve como botón de muestra, los segundos ganan por goleada. Para empezar, el aparato aceptó imposiciones de San Gil para evitar su renuncia --al final, en vano-- que llevaron al texto dos acusaciones al PNV: la de entorpecer la lucha anti-ETA y la de "contagiar" al resto de los nacionalismos, también embarcados en un "proceso disgregador de la nación española". El PP vasco intenta limar estos ataques, pero la redacción final está por ver.

Pero es que parte de las enmiendas aceptadas por la dirección de los populares, en concreto las presentadas por Alejo Vidal-Quadras y otros conspicuos representantes del sector más derechista del partido, van todavía más allá: después de culpar a los nacionalistas de abrir "innegables fisuras en la cohesión nacional", apuestan por excluirlos de la gobernabilidad de España, pactar con el PSOE una reforma constitucional que blinde al Estado frente a las autonomías y derogar la política de inmersión lingüística en Cataluña. Todo ello, eso sí, bajo el generoso paraguas del llamado "centro reformista".