Mariano Rajoy ha marcado cierta distancia con las tesis de su predecesor, José María Aznar, y ha subrayado que él no pretende en ningún caso plantear "una enmienda a la totalidad" al Estado de las autonomías ni reformarlo, sino introducir algunos criterios de racionalidad en el modelo.

Y aprovechando ayer su presencia en RNE, dio tres pistas de por dónde irán los tiros que está dispuesto a dar en caso de ser el próximo presidente del Gobierno: fijará un techo de gasto para todas las administraciones; aprobará una ley de unidad de mercado y volverá a poner en marcha la máquina de fabricar legislación básica, esa con la que se dicta a los gobiernos autonómicos cómo deben ejercer sus competencias. Pero, según ha podido saber este diario, el PP ya tiene más medidas horneadas por si Rajoy llega a la Moncloa, como una nueva ley de coordinación de administraciones públicas cuyo objetivo, en la práctica, será echar un cerrojazo definitivo al modelo competencial, reordenando el sistema autonómico "para evitar duplicidades".

En algunos de los documentos de trabajo que ya maneja la dirección popular como base del próximo programa electoral, se apunta también a una reforma de la financiación autonómica; la elaboración de nuevas carteras de servicios "comunes" en sanidad o dependencia o de contenidos en caso de la educación.

LASTRE ANTE LA CRISIS "Hace falta un Estado organizado, con las competencias bien definidas entre las distintas administraciones, sin duplicidades, sin burocracia y con altas dosis de coordinación. Nuestra estructura territorial no puede ser un lastre para los españoles a la hora de remontar la crisis ", se apunta en uno de los informes del PP. La idea de fortalecer la Administración central y clarificar las competencias la arrastra Rajoy desde 2008. De hecho, en el programa con el que se presentó a las generales de aquel año apostaba por una reforma constitucional para "garantizar la estabilidad del sistema de las autonomías, delimitando el núcleo básico de competencias intransferibles por el Estado".

Ahora, proponiendo una ley de coordinación que cierre el modelo autonómico en vez de abogar por una reforma de la Carta Magna, cambia los medios, pero no el fin: para modificar la Constitución necesita sí o sí al PSOE. Para aprobar una ley orgánica, solo una mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta que Aznar reclama en nombre del Partido Popular y que auguran a Rajoy algunas encuestas.

La actual dirección del partido pretende además promover la eliminación de empresas públicas "duplicadas cuando no triplicadas en la Administración", y se pone como ejemplo las agencias de alquiler de vivienda.

Los conservadores cuentan también con impulsar otra ley de financiación autonómica que no suponga "mayor carga fiscal para los ciudadanos ni financiarse con déficit público". Según ponen en sus documentos de trabajo, debería ser aprobada por "unanimidad" y atender aquellas demandas de las comunidades "no resueltas" por el Ejecutivo.

En esta línea, el PP cree que, una vez definido y cerrado el mapa competencial en España, tendría que corregirse también la financiación local y dar voz "como miembros de pleno derecho" a los ayuntamientos en el Consejo de Política Fiscal. Junto a esto, los populares quieren defender la aprobación de una ley de unidad de mercado y de una comisión que vigile su cumplimiento. Y por si el patio político estaba poco animado, Zapatero irrumpió ayer en el debate sobre el ajuste territorial que preconizan al alimón PP y PSOE. Lo hizo con un duro recordatorio.

CONTROLAR EL DEFICIT Las autonomías, subrayó Zapatero al Financial Times, "tienen que cumplir con las obligaciones de respetar el límite de déficit porque, si no lo hacen, el Gobierno actuará. "Ningún Gobierno regional puede emitir deuda sin la autorización del Ejecutivo central, nosotros tenemos la llave", advirtió.

Era un mensaje tajante, dirigido desde la biblia de los mercados a unos inversores inquietos por la falta de control del gasto autonómico, pero que en clave interna echó más leña al fuego a un debate que amenaza con reabrir la confrontación territorial.

El fondo del asunto abordado por Zapatero no es nuevo. Como recordaba ayer Elena Salgado, vicepresidenta económica, el Gobierno ya ha vetado la emisión de deuda pública a las dos únicas autonomías claramente incumplidoras: Castilla-La Mancha y Murcia. Pero otras autonomías pueden sumarse en el futuro a este pelotón de los torpes.