Mariano Rajoy está preocupado por las repercusiones que pueda tener la trama de espionaje destapada en la Comunidad de Madrid, así como por la circunstancia de que hayan trascendido seguimientos a miembros del PP: hasta ahora, el vicepresidente madrileño, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo. "Quiero que se aclare esto cuanto antes", le dijo por teléfono Rajoy a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, el pasado lunes.
Según parece, ella le garantizó entonces que su Gobierno --especialmente su consejero de Interior, Francisco Granados-- no estaba vinculado a ningún equipo de espías, pese a que así lo publicaba El País ese mismo día. Rajoy dio por buena esa versión, pero avisó de que consideraría "muy grave" que lo publicado por el diario resultara ser cierto. En la misma línea se pronunció ante la prensa su secretaria general, Dolores de Cospedal. "La Comunidad de Madrid ha desmentido tajantemente la información y yo me remito a ese desmentido. Se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves", declaró entonces Cospedal.
Una vez que se supo que González y Cobo habían sido espiados, el responsable de Interior en Madrid, Francisco Granados, desmintió por activa y por pasiva que él tenga a su disposición una miniagencia de espías. Y menos, según su versión, para vigilar a compañeros. Eso sí, ha admitido que un expolicía y varios exguardias civiles trabajan para él en calidad de asesores, pese a que la comunidad ya cuenta con un responsable de seguridad, Enrique Barón.
DENUNCIAS Aguirre, en un intento de frenar la polémica, anunció que la comunidad presentaba una denuncia en el juzgado por los seguimientos realizados el vicepresidente Gonzá- lez. El propio González denunció a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el asunto. Granados, ante los medios de comunicación, dio su visto bueno a esa estrategia. Y Rajoy y su equipo también, porque vieron "voluntad" de aclarar "un tema turbio que perjudica a todo el partido". El vicealcalde Cobo, al conocer que también fue espiado, recurrió a la fiscalía.
APUNTAN A UN AFORADO Ante los escritos de los espiados, fuentes de la fiscalía consultadas por este diario se declaran "sorprendidas" por el hecho de que tanto González como Cobo se hayan dirigido directamente a la fiscalía del Tribunal de Madrid, dando por hecho que a quien se tendrá que investigar es aforado. Es decir, diputado autonómico. No obstante, esas mismas fuentes apuntan que el hecho de que la presidenta haya presentado la denuncia en un juzgado ordinario desactiva de inmediato cualquier posible actuación del fiscal, que debe dejar el caso en manos del juez competente, informa Margarita Batallas.
En cualquier caso, las mismas fuentes prevén una investigación con difícil resolución, dada la complejidad del tema y que es un medio de comunicación el que posee los dosieres sobre González y Cobo. De hecho, la Comunidad ya se enfrentó a otro supuesto caso de espionaje ligado a Granados: el del registro del despacho del exconsejero Alfredo Prada, finalmente archivado.
TODO TIPO DE HIPOTESIS Y, a la espera de que los tribunales actúen, los afectados barajan todo tipo de hipótesis. El vicealcalde Cobo dijo ayer, en rueda de prensa, que no cree que tras sus seguimientos estén Aguirre y Granados. Pero su escrito a la fiscalía se sustenta en esa tesis, que es la misma que la de El País .
El vicepresidente González también aparta a Granados del espionaje al que ha sido sometido. En declaraciones a este diario dijo que "no prejuzga ni descarta" nada sobre quién pueda estar detrás de su dosier, pese a que cree que para realizarlo se precisa "una estructura, mucho dinero y medios sofisticados". Los afectados tienen prisa por saber. Rajoy, por lo que a él y a la imagen del PP atañe, también.
