El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado esta tarde que el hecho de que la Generalitat mantenga para el 9-N una pregunta que "plantea una cuestión que sigue perteneciendo al conjunto de los ciudadanos", esto es, a la soberanía nacional, es uno de los motivos por los que el Ejecutivo se ha decidido a impulsar un recurso contra ese proceso participativo que pretende sustituir al referéndum soberanista ya frenado desde el Constitucional. En este contexto, Rajoy ha dicho que espera que una vez el Alto Tribunal se haya vuelto a pronunciar ante un segundo recurso, la reacción en Catalunya sea "que se cumpla la ley".

En rueda de prensa en Moncloa junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente español contestó a las preguntas sobre el desafío soberanista catalán tan sólo minutos después de que el Consejo de Estado hubiera aprobado, por unanimidad, un dictamen en el que se recomienda al Ejecutivo central volver a recurrir ante el sucedáneo de consulta que quiere celebrar Artur Mas.

"Ese proceso no cumple las garantías democráticas; no tiene censo ni ley que lo ampare ni organismo que vele por su neutralidad -dijo Rajoy-. No se sabe quiénes son los miembros de las mesas, que son voluntarios, y plantea una cuestión que sigue perteneciendo al conjunto de los españoles".

A su juicio, seguir adelante con la consulta "participativa" únicamente serviría para "generar tensiones". En esta línea, añadió que se están dando pasos "en la mala dirección" cuando se trata de ejercer desde el Govern "presiones" a los medios de comunicación para que difundan cuestiones vinculadas con el 9-N. "Nuestro objetivo, como sería el de cualquier Gobierno, es que se cumpla la ley. Por eso nos hemos dirigido al Consejo de Estado para conocer su opinión sobre este asunto y mañana debatiremos en el consejo de ministros y tomaremos la decisión que más convenga al interés general", señaló.

"FUIMOS PRUDENTES"

En esta misma comparecencia, Rajoy quiso sacar a colación que cuando se conoció que Mas renunciaba a organizar una consulta soberanista él calificó ese hecho como una "acertada" y "extraordinaria noticia" porque suponía que se acataba una decisión del Constitucional que, bajo su punto de vista, con la suspensión cautelar quiso decir que el referéndum no se podía llevar a cabo porque vulneraba la legislación vigente.

"Lo que hicimos nosotros desde entonces es mantener una actitud prudente pero también estar atentos a la que es la principal obligación de un Gobierno, que es garantizar que la ley se cumpla", concluyó.