Hace algo más de una semana, el presidente del PP, Mariano Rajoy, convocó un comité ejecutivo para amenazar con sacar de sus listas electorales a los populares que fomenten la división interna o resulten sospechosos de ser corruptos. Agobiado por los quebraderos de cabeza que le ha dado el caso Gürtel , el líder de la oposición anunció que planteará al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un pacto de Estado contra la corrupción.

Lo que no reveló entonces Rajoy es que ya había encargado un borrador de propuestas en este sentido a su grupo parlamentario que, entre otras cosas, defiende la reforma de la ley de partidos para "mejorar la regulación" de las donaciones y aportaciones privadas que reciben los partidos políticos.

Rajoy va a insistir en que es necesaria una reforma del Código Penal para revisar al alza el castigo que se impone a las conductas ligadas a la corrupción. Este extremo también es defendido por los socialistas, con lo cual el acuerdo es probable. Los conservadores reclamarán una "mejora en la coordinación" del Tribunal de Cuentas y otros órganos de fiscalización contable.

REFORMA URGENTE El grueso de las medidas sobre corrupción que el PP se dispone a debatir atañen al ámbito municipal y serán presentadas por Rajoy en una reunión del ámbito local del partido en Sevilla, la semana que viene. El objetivo es que las ganancias económicas derivadas de la acción corrupta de un alcalde o un concejal puedan ser administradas por el ayuntamiento o la corporación gestora. El PP aboga por que se reforme con urgencia la ley de haciendas locales para "garantizar una suficiente financiación de los consistorios" y evitar tentaciones de recalificar terrenos a precios indebidos para llenar las arcas del ayuntamiento con rapidez. Asimismo, apuesta por modificar la ley de bases de régimen local para reforzar la labor de los secretarios e interventores municipales, encargados de auditar las cuentas municipales.

El borrador plantea, además, reformar la ley de contratación en el sector público a fin de obligar a las administraciones a ser "más rigurosas" con los contratos menores (ahora solo se exige concurso público por encima de 12.000 euros).