Una verdad puede llegar a ser demostrada. Una mentira es capaz de ser rebatida. Pero una media verdad combina las dosis justas de realidad y mitología como para hacerse inmune a su antídoto. En los últimos días, algunos sectores del PP, capitaneados por Esperanza Aguirre, y el entorno mediático del Gobierno están recriminando a Mariano Rajoy que se haya rendido en la lucha contra la crisis. Sostienen que todavía quedan partidas por las que asestar hachazos al gasto público y en su diana sitúan, como la gran reforma pendiente, la Administración. Alegan que la función pública es hoy un ostentoso sumidero de cargos, salarios, organismos y trabajadores que disparan los costes de forma indiscriminada. Y apuntan a las comunidades autónomas como las principales despilfarradoras y responsables de una de las palabras de moda: las duplicidades.
Pero los datos demuestran que la poda del sector público es la principal vía por la que han optado los gobiernos para cumplir con el déficit. Y antes del 30 de junio sabremos por dónde cercena Rajoy otros 8.000 millones de euros. El Gobierno quiere adelgazar una Administración que presenta su mayor delgadez desde hace ocho años. Según la última Encuesta de Población Activa, en España hay en estos momentos 2.845.800 empleados en el sector público.
