Mariano Rajoy sabe que le espera otro verano complicado. O "caliente" en lo que a la corrupción y las decisiones judiciales concierne, según admiten en su entorno. Desde la dirección del PP se teme que en las próximas semanas puedan conocerse datos de la investigación del caso Brugal --una nueva trama de corrupción ligada a la adjudicación de servicios de basura en la Vega Baja alicantina-- y que se publiquen en la prensa conversaciones telefónicas que la Policía podría haber grabado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en este caso (aún bajo secreto de sumario) por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

Tampoco descartan los populares que a su particular "verano caliente" contribuya José Flors, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) encargado de volver a poner en marcha el caso Camps tras la inmediata reapertura ordenada por el Supremo.

RECUERDOS ESTIVALES Ningún dirigente del PP ha olvidado la tensión vivida el pasado año, allá por julio, cuando el Supremo llamó a declarar en Madrid a su ya extesorero, Jesús Bárcenas, y al diputado Jesús Merino mientras el juez Flors, desde Valencia, decía ver "indicios de delito" en el proceder del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su mano derecha, Ricardo Costa, por haber admitido, supuestamente, regalos de la trama Gürtel.

Por suerte para el PP, el caso Camps pasó al TSJCV (dirigido por un amigo del presidente valenciano) que, en los primeros días de agosto, decretó el archivo del sumario. Pero los socialistas de Valencia y la fiscalía recurrieron ante el Supremo. Y ganaron. Tras este periplo, el polémico asunto de los trajes está de nuevo en el juzgado de Flors. Entre otras cosas, el magistrado ha de decidir en breve si se limita a investigar el tema de los regalos o si, como le aconseja el juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, rastrea también pistas de financiación ilegal. De los frentes judiciales abiertos, este preocupa especialmente a Rajoy. Hasta el punto de que la designación de Camps como candidato del partido para las autonómicas depende del mismo. Y es "poco probable" que el PP tome medidas disciplinarias contra Ripoll u otros populares imputados en distintos casos (léase Carlos Fabra, por ejemplo) antes de que se aclare el futuro de Camps.

Tanto en Gürtel como en Brugal, la respuesta del PP se ha centrado en la siembra de dudas sobre la investigación, bien por las escuchas a los imputados (en el primer caso), bien por la reciente y breve detención de Ripoll, que el juez instructor, pese a haberla autorizado, quiso hacer pasar por una decisión autónoma de la Policía. "Es irresponsable y llueve sobre mojado --afirmó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega--. La actitud del PP en estas situaciones pasa siempre por echarle la culpa a otros. No es admisible en democracia".