Lo que en la noche del jueves era un polémico anuncio se hizo oficial: el Gobierno de Mariano Rajoy presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, de designar a Carles Puigdemont como candidato a la investidura. La Moncloa mantiene el pulso con el expresidente pese a la advertencia del Consejo de Estado de que podría estar equivocándose en cuanto al momento de presentar la impugnación. Sin embargo, el Gobierno, que está obligado a pedir la opinión jurídica a su órgano asesor, pero no a hacerle caso, ha decidido correr el riesgo y cumplir su «obligación» de «defender a España» y «evitar otra afrenta» del político catalán. Así lo explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que compareció ante la prensa para anunciar la presentación del recurso.
El Ejecutivo central corre el riesgo de perder el pulso. El Constitucional se reunirá hoy, a las 13.00 horas, para decidir si lo admite a trámite, lo que supondría la suspensión cautelar de los acuerdos del presidente del Parlament dirigidos a investir a Puigdemont, informa Ángeles Vázquez.
El pleno se convocó con una extraordinaria celeridad. El único que podía hacerlo, el presidente del alto tribunal, Juan José González Arribas, se encontraba ayer en Estrasburgo en visita oficial. El ponente de la resolución que resolverá la impugnación será el magistrado Juan Antonio Xiol.
CRÍTICAS INTERNAS / Santamaría insistió en su argumentación en que el Ejecutivo es consciente de que la situación jurídica es delicada, pero se debe seguir adelante. «Gobernar es decidir y tomar decisiones a veces en momentos nada fáciles», declaró. La vicepresidenta se sabe objeto de críticas externas (Puigdemont exigió el jueves su dimisión por el revés del Consejo de Estado y Podemos y otros partidos critican su estrategia) y también internas, puesto que en las filas populares hay quien lleva tiempo cuestionando su modus operandi en Cataluña, aunque no lo hagan en público. No obstante la número dos de Rajoy incidió en que el Ejecutivo, con este recurso que también apoyan PSOE y Ciudadanos, se limita a cumplir con su obligación de hacer respetar la legalidad e impedir más «desafíos».
«Con todo el respeto al Consejo de Estado, nosotros tenemos el compromiso político y el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible, con todas las herramientas a nuestro alcance, para evitar que un señor huido de la justicia que está en busca y captura por delitos muy graves y se ha negado ante el Supremo a rendir cuentas pueda ser investido», argumentó Santamaría.
Ese órgano consultivo le avisa de que no puede dar por hecho que Puigdemont no se va a presentar a la investidura, un extremo que también subrayó Junts per Catalunya en los dos escritos que presentó ante el Supremo y el Constitucional para paralizar el recurso del Gobierno central contra la investidura. Junts per Catalunya dice que Puigdemont (que socilita ser parte del procedimiento) no ha descartado acudir al Parlament el martes.
Esa posibilidad trae de cabeza a la Moncloa. Con más claridad de lo que lo hizo el jueves, cuando ofreció otra rueda de prensa por el mismo asunto, Santamaría dejó en evidencia que el objetivo es impedir que el expresident huido protagonice una investidura telemática que pueda dar la vuelta al mundo, algo que no preocupaba al Gobierno hasta este miércoles.
Se arriesga así el Ejecutivo a que el Constitucional pueda decirle que se ha apresurado al presentar la impugnación y denegarle la admisión, como ya ocurrió en la era Aznar con el primer recurso contra el plan Ibarretxe. Sería un segundo varapalo para el Gobierno. Preguntada la vicepresidenta por ese antecedente respondió que este Ejecutivo y «otros anteriores» deben hacer todo lo que está en sus manos para evitar situaciones como esta, en la que un «huido» de la justicia y acusado de «delitos tan graves» pueda presentarse a una investidura.
PETICIÓN DE «RESPETO» AL 21-D / Si el Constitucional admite a trámite y suspende la decisión de la Mesa, Puigdemont no podrá ser aspirante el martes salvo que Torrent se rebele ante el tribunal. Y la Moncloa ha pedido que si se acepta su impugnación se advierta al presidente de la Mesa y al resto de miembros de las «consecuencias penales» que puede acarrear la desobediencia.
Torrent afronta la primera encrucijada de su mandato. De momento, ayer ganó tiempo. Aseguró que los servicios jurídicos del Parlament ya están estudiando una respuesta al recurso y lamentó que «la única respuesta» de Rajoy a sus «apelaciones al diálogo» hayan sido «amenazas», informa Daniel G. Sastre. El político de ERC pidió «respeto» al 21-D.
