Si la ley no permite adelantar las elecciones municipales en Marbella, habrá que cambiar la ley. Es la conclusión a la que ha llegado Mariano Rajoy después de saber que el Consejo de Estado da la razón al Gobierno y descarta que se puedan adelantar los comicios en lugar de nombrar una gestora, una vez que el consistorio marbellí sea disuelto hoy por el Consejo de Ministros. El PP asume así que su empeño en exigir elecciones anticipadas no tiene cabida en la legalidad vigente.

Rajoy anunció ayer que su partido presentará hoy una proposición de reforma de la ley electoral (LOREG). El líder del PP pretende que sea posible reducir los plazos para poder convocar elecciones anticipadas "en circunstancias excepcionales" como las del Ayuntamiento de Marbella tras la operación Malaya.

"Sólo hace falta voluntad política", insistió Rajoy en un mitin en Marbella ante cientos de simpatizantes. Recordó que el Gobierno "sabe de esto" porque ya ha aprobado un decreto "para entorpecer una OPA" --en alusión a la oferta de Gas Natural para hacerse con Endesa-- y ha reformado la ley del poder judicial "por la vía de urgencia".

"NO PROCEDENTE" La comisión permanente del Consejo de Estado dictaminó ayer por unanimidad que "no procede" convocar elecciones anticipadas tras la disolución del ayuntamiento marbellí. El Gobierno pidió el martes este dictamen para descartar dudas sobre la legalidad de nombrar una gestora que gobierne Marbella hasta mayo del 2007, fecha en la que está previsto celebrar elecciones municipales en toda España.

El Consejo de Estado recuerda que la ley electoral obliga a convocar elecciones 54 días antes de celebrarlas y establece que el mandato de una nueva corporación no puede ser inferior a un año. Dado que hay comicios municipales en mayo del 2007, resulta imposible legalmente convocarlas ahora. Por eso considera que "procede aplicar el artículo 183.1 de la LOREG", que prevé el nombramiento de una comisión gestora para dirigir el ayuntamiento "mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta".

PLAZOS "INALTERABLES" El Consejo de Estado también descarta en su informe que puedan reducirse los plazos como pedía el PP. El partido de Rajoy se aferraba a una norma de rango inferior a la LOREG que prevé la reducción de trámites administrativos. El Consejo considera que la ley electoral no tiene lagunas, y que los plazos que fija para convocar elecciones "son inalterables".

No tardó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en proclamar que el Consejo de Estado "quita la razón a las tesis del PP". El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, subrayó que el Gobierno no será el que incumpla la ley "por mucho que lo quiera el PP", y que no convocará nuevas elecciones en Marbella, al considerar que el dictamen del Consejo de Estado descarta esa vía. Sevilla subrayó que el pronunciamiento del Consejo de Estado deja "perfectamente claro" que "lo correcto" es crear una comisión gestora. Por su parte, Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación, vindicó como un éxito del Ejecutivo el golpe a la trama marbellí, pues ha sido la nueva unidad policial antimafia la que, dirigida por la fiscalía, ha aportado las pruebas para detener a los presuntos corruptos.

Para acallar a los dirigentes del PP que denuncian una "connivencia" del PSOE con los sucesivos alcaldes de Marbella, Moraleda presentó al Gobierno como adalid de la lucha contra la corrupción y puso como ejemplo la disolución del consistorio. "En ocho años, el PP pudo hacerlo y no lo hizo", sentenció.