El propio Mariano Rajoy ha reconocido públicamente que no estuvo muy acertado cuando, hace unas semanas, se le ocurrió recurrir a las supuestas teorías de un primo suyo, de profesión científico, para restar importancia a los efectos del cambio climático. Entonces Rajoy se equivocó, y se equivocó tanto que, además de ser objetivo de los reproches de uno de los abanderados más célebres de esta causa, el Premio Nobel Al Gore, dejó descolocados a aquellos compañeros de partido a los que había encargado que trabajasen sobre esta cuestión para incluir medidas al respecto en su programa electoral.
Pero el líder de la oposición quiere rectificar y, con ese objetivo, permitió ayer que el responsable de su programa para el 2008, Juan Costa, revelase a la prensa que apostarán por una ley de lucha contra el cambio climático. Y tiene cierto mérito este anuncio en el seno de una conferencia política en la que el PP no desveló casi nada, pese a movilizar al partido y a los medios durante tres días.
Costa se ocupó personalmente de que estas jornadas --en principio dedicadas a avanzar parte del programa-- modificaran su objetivo inicial y quedara limitado a índices mínimos el número de iniciativas dadas a conocer a la opinión pública. Entre esas escasas iniciativas, un plan nacional de guarderías a fin de que niños de entre cero y tres años tengan garantizada una plaza, bien en los centros públicos bien en los centros de trabajo.
INCENTIVOS FISCALES Para ello, el PP contemplará aplicar, en un plazo de cuatro años, incentivos fiscales a las empresas que colaboren, y se solicitará cooperación a las comunidades autónomas. Además, apostarán por la discriminación positiva para facilitar la conciliación de vida familiar y laboral de mujeres, aunque no apoyarán las cuotas.
Tanto el plan de guarderías como la ley de cambio climático fueron anuncios inmediatamente devaluados por el PSOE, que señala que ambas propuestas han sido puestas en marcha por el actual Ejecutivo.
Asimismo, los populares se comprometen a modificar los sistemas de nombramiento de los órganos reguladores, para evitar que decisiones de órganos como la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de Valores, del Tribunal de la Competencia o, incluso, del Banco de España, puedan considerarse vinculadas al gobierno de turno. El PP planteará que todos sus miembros, incluidos los presidentes, sean elegidos por las Cortes por mayoría de tres quintos y que sus mandatos sean de seis años --superando el periodo de legislatura--, sin posibilidad de renovación.
En la rueda de prensa en la que ayer Costa explicó estos proyectos, con los secretarios ejecutivos del área social y económica, Ana Pastor y Miguel Arias Cañete, respectivamente, se preguntó si el PP veía factibles pactos para nombramientos de tal calado, habida cuenta de lo sucedido con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por la falta de acuerdo con los socialistas. El principal partido de la oposición respondió, de momento, con voluntad de consenso.
