Que el líder de los populares, Mariano Rajoy, ha asumido personalmente la denuncia de su partido sobre supuestas escuchas telefónicas ilegales no es novedad. Pero sí lo es que protagonice todo un ejercicio de malabarismo retórico para tratar de justificar tan grave queja: lejos de presentar o enumerar las pruebas con las que cuenta actualmente para respaldar dicha denuncia, ayer se remontó a 1995 para sacar a colación que, entonces, el vicepresidente socialista Narcís Serra tuvo que dimitir por las "escuchas del Cesid", un caso cuya investigación reveló que también se pinchó el teléfono del Rey. "Ahora se habla de espionaje, de las grabaciones de conversaciones de dirigentes políticos. Y no entiendo por qué la gente se rasga las vestiduras", afirmó Rajoy en el transcurso de una entrevista concedida a la agencia Europa Press.
No contento con esa exhibición de memoria, el presidente del PP echó la vista aún más atrás --otra década-- para subrayar que, en 1985, el juez José María Vázquez Honrubia tuvo que instruir un sumario ante las denuncias que presentaron Alianza Popular y el Partido Comunista de España al considerar que dirigentes socialistas habían tenido acceso a documentos y discursos suyos que aún no se habían hecho públicos.
OFENSIVA PARLAMENTARIA Es evidente que los conservadores, con su jefe a la cabeza, han tirado de hemeroteca y de archivo para preparar la que, en las próximas semanas, será su respuesta oficial cada vez que se les inste a demostrar que están siendo espiados. Todo con tal de no tener que hablar de pruebas que sustenten su denuncia. De hecho, Rajoy --como vienen haciendo el resto de dirigentes populares-- evita esta cuestión y se niega, asimismo, a citar con nombres y apellidos a los cargos del PP supuestamente espiados. Eso sí, amenaza con una ofensiva parlamentaria para que la vicepresidenta primera del Gobierno, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado expliquen la supuesta "persecución" que se está llevando a cabo desde las instituciones contra el principal partido de la oposición.
Así, los populares pretenden que se convoque una diputación permanente --máximo órgano del Congreso en ausencia de plenos-- a fin de que, con la ayuda de otros grupos, el PP pueda forzar que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dé cuenta "de las directrices que se han dado desde el Gobierno a la fiscalía y otras instituciones del Estado para la persecución de militantes y dirigentes del PP".
CNI Y CHAVES En lo que concierne al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, los conservadores creen que debe dar detalles a la Cámara baja sobre "la constante utilización partidista y sectaria de la policía judicial", mientras que el requerimiento al fiscal general Cándido Conde-Pumpido persigue que, en sede parlamentaria, haga un ejercicio comparativo entre las investigaciones abiertas contra militantes del PP y contra militantes del PSOE.
Según adelantó el propio Rajoy, también exigirá a la fiscalía que investigue si hay delito detrás del uso de fondos públicos por parte del anterior director del CNI, Alberto Saiz, y tras la subvención que concedió el Gobierno andaluz bajo el mandato de Manuel Chaves a la empresa donde trabaja la hija de este. Por tanto, queda confirmado que el PP planea entrar en confrontación total con el Ejecutivo tras las vacaciones, sin descartar "nada", como dice Rajoy.
