En las conversaciones que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez mantuvieron en las semanas previas al despliegue del artículo 155 en Catalunya se habló, además, de la modificación de la Constitución, como ambos han reconocido, y se estipuló abrir una comisión territorial que primero analizará los posibles problemas del modelo actual y, en un plazo de seis meses, debatirá las soluciones.

Sánchez anunció a mediados de octubre que se había comprometido a apoyar el 155 y que el presidente le había dado su palabra de que abordaría la reforma constitucional. Lo que no contaron ninguno de los dos es que también exploraron otro plan a corto plazo que se puede poner en marcha esta misma primavera, sin esperar a abrir la Carta Magna. Según fuentes conocedoras de esos encuentros, los dos debatieron la posibilidad de modificar algunas leyes orgánicas en 2018 con objeto de buscar un "mejor encaje" a Catalunya.

Las fuentes consultadas aseguran que ese plan A es compatible con una reforma de la ley fundamental -que el PSOE y otros partidos reclaman- si, llegado el momento, Rajoy se atreve de verdad a dar el paso. Y que esas iniciativas legislativas son una vía rápida para empezar a plantear soluciones a la crisis catalana, sin tener que esperar a recorrer el arduo camino que requiere una reforma de la Carta Magna de calado.

El propio Rajoy ha subrayado que, pese a las declaraciones hechas por algunos relevantes cargos populares, no se ha cerrado a cambiar una Constitución a punto de cumplir 40 años, y que respetará la palabra dada a Sánchez.

Necesario pacto PP-PSOE

El hecho de que Rajoy y Sánchez abordasen esa doble vía (Carta Magna a medio plazo y leyes orgánicas a corto) ha animado al candidato del PSC, Miquel Iceta, a incluir en su programa algunas propuestas que sirven de pista sobre en qué reformas están pensando los socialistas: fundamentalmente, la recuperación de los artículos del Estatut anulados por el Tribunal Constitucional y mejoras concretas en la financiación. Algo que, obviamente, necesitaría de un pacto PP-PSOE para que no se queden en propuestas en el Congreso y sean desarrolladas por el Gobierno central.

Así, los socialistas reclamarán a Rajoy en la Cámara baja que permita la "recuperación" de algunos puntos estatutarios que en su día el PP logró derogar en el TC con su recurso de inconstitucionalidad. Es el caso de los que atañen a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local; el reconocimiento de las veguerías; la descentralización del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y el Consejo de Justicia de Catalunya (el equivalente al Consejo General del Poder Judicial), así como la recuperación de los trabajos pendientes en la comisión bilateral Estado-Generalitat y la comisión mixta de traspasos para cerrar las delegaciones competenciales pendientes.

Impulso a la ciudad de BCN

Iceta ha hecho suyo el documento de 45 puntos que Carles Puigdemont llevó a la Moncloa (excluye el punto 46º, el del referéndum). Lo mismo pretende hacer con una propuesta propia de financiación que solicita una revisión de los límites de déficit público para las autonomías, la negociación de una quita de la deuda y la asunción del principio de ordinalidad. Los socialistas también quieren llevar al Congreso la inversión en infraestructuras, el impulso de la ciudad de Barcelona de manera simbólica y estratégica y el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña.