Mariano Rajoy lleva semanas diciendo que no es su partido el que solicita renegociar la financiación autonómica en plena crisis. Pero, más allá de las declaraciones oficiales del líder del PP, sus comunidades no piensan perder ocasión de sacar tajada de un nuevo acuerdo. Ante esa realidad, y dada la diversidad de intereses que tienen las autonomías populares, Rajoy ha decidido pactar con los suyos un decálogo de mínimos para negociar que, entre otras cosas, insta al Gobierno a cubrir las nuevas necesidades de gasto atendiendo a la población real.
Es evidente que ese punto del citado decálogo no puede gustar por igual a comunidades superpobladas como Madrid o a regiones de signo contrario como Castilla y León, lo que ha llevado a los conservadores a incluir en varias ocasiones el término "solidaridad" en el documento que, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), rubricaron ayer todos los presidentes autonómicos del PP junto a su jefe de filas. "El sistema de financiación debe ser respetuoso con la Constitución. En concreto, la solidaridad interterritorial, la suficiencia financiera de las comunidades y la garantía de igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos, con independencia de dónde residan", estipulan.
DINERO PARA DEPENDENCIA Asimismo, los populares demandan que la negociación tenga carácter multilateral; se produzca en el seno del consejo de política fiscal y financiera y se apruebe por unanimidad. Para darle su visto bueno, reclamarán recursos para poner en marcha los servicios vinculados a la ley de dependencia, además de un compromiso de que los impuestos recaudados o cedidos parcialmente a las autonomías deben ser base de la nueva financiación, "y en ningún caso la subida de los impuestos". "El PP nunca va a aceptar que los recursos adicionales que se aporten al sistema estén condicionados a incrementos impositivos", agregan.
Por lo que sí apuesta el PP es por incrementar las competencias normativas y gestoras de las regiones sobre los tributos cedidos y compartidos, aunque "respetando la eficacia y armonía de la que goza el sistema fiscal". "En materia de gestión tributaria, el sistema debe avanzar en fórmulas de colaboración y coordinación entre los servicios tributarios autonómicos y la agencia estatal tributaria", apuntan.
Los populares insisten en que se debe garantizar la cobertura de las necesidades de gasto de las comunidades y el mantenimiento del status quo de las mismas, apuntando que la variable para determinar la cifra a repartir ha de ser la población real. Eso sí, sin dejar de lado el fondo de suficiencia en pro de la "irrenunciable solidaridad". Quieren que el sistema tenga vigencia indefinida y dé trato específico a Ceuta y Melilla.
