Los principales acusados del juicio de las tarjetas 'black' que se ha comenzado a celebrar este lunes en la Audiencia Nacional,Miguel Blesa y Rodrigo Rato, han alegado vulneración de sus derechos fundamentales para tratar de evitar la continuación de la vista oral. Sostienen que se produjo una intromisión "ilegítima" en su derecho a la intimidad por haberse hecho públicos los gastos que realizaron con las tarjetas opacas al fisco distribuidas por Caja Madrid y Bankia. El primero, que se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel, gastó 436.688 euros, que ha tratado de reponer justo los días antes del juicio. El exvicepresidente del Gobierno, que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión, gastó99.054 euros que también devolvió.

Ninguno de ellos ha aportado cantidad alguna de lo gastado a través de las tarjetas que ellos, como máximos responsables de Caja Madrid y Bankia (Rato), facilitaron a los 63 consejeros, miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid y altos directivos que comparten con ambos el banquillo de los acusados. El fiscalAlejandro Luzón les considera responsables de estos gastos, por lo que solicita que Blesa indemnice con 9,3 millones de euros a Bankia o al (FROB), y Rato, 2,6 millones. Entre el 2003 y el 2012 los exconsejeros gastaron más de 12 millones de euros.

Miguel Blesa llega a la Audiencia Nacional en el inicio del juicio por las tarjetas 'black'.

Los primeros en intervenir han sido los letrados de Blesa,Carlos Aguilar, y de Rato, Ignacio Ayala.Ambos han aportado como prueba un acta notarial con las asignaciones que les correspondía como presidentes de Caja Madrid, aunque admitieron que ya estaban en las actuaciones, así como la documentación que acredita que han procedido a devolver las cantidades que gastaron, según el fiscal y las acusaciones, apropiándose de ellas indebidamente.

Como cuestiones previas expusieron varias, en las que coincidieron la mayoría de los abogados, aunque cada uno se centró en una. Entre ellas figuran la prescripción de los delitos imputados y la vulneración de derechos fundamentales, en concreto a la intimidad, por haberse facilitado los gastos en los que incurrieron con las tarjetas, como destacaron las defensas de los expresidentes de la entidad.

Otra de las defensas profundizó después en este extremo señalando que la "hoja de Excell" en la que constan los gastos de cada uno de sus beneficiarios incluye "datos falsos, engañosos y mutilados". Apuntó que ni siquiera incluyen correctamente el nombre de sus representados.

El otro punto clave de las defensas versó sobre la falta de legitimación de Bankia, BFA -la matriz de Bankia- y el FROB para ejercer la acusación particular. Pese a ser una alegación ya planteada por los abogados sin éxito durante la instrucción, durante la primera sesión del juicio insistieron en ella.

El letrado encargado de profundizar en ella fue el que representaEstanislao Rodríguez Ponga, que fue secretario de Estado en el Gobierno de José María Aznar. A juicio de esta defensa, es imposible que Bankia y BFA o el FROB ejerzan la acusación particular, porque "Caja Madrid mantuvo la personalidad jurídica en todo momento". Insistió en que el FROB intervino en todo el proceso de saneamiento de BFA-Bankia, y la entidad que tuvo que ser rescatada nació después de la desaparición de Caja Madrid, por lo que "son posteriores al gasto que se juzga". "Es física, intelectual y financieramente imposible" que puedan considerarse perjudicadas por unos gastos que habían sido atendidos por Caja Madrid desde 1988, precisó.

El juicio comenzó con una hora de retraso, debido a un cambio de última hora de una de las magistradas que iba a formar el tribunal por un "problema personal", y con problemas de aforo en la sala de vistas. Ello hizo que la decena de preferentistas que acudió a las nueve de la mañana a insultar a los acusados por las pérdidas sufridas en sus ahorros no pudiera presenciar el juicio.

Los acusados comenzarán a declarar el próximo viernes. Los primeros en hacerlo serán Miguel Blesa y Rodrigo Rato, como anuncia la disposición en la que se sentaron los acusados ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ambos se sentaron en la primera fila de acusados junto con representantes de todos los partidos políticos, sindicatos y patronal que formaron parte de los consejos de administración de Caja Madrid y dispusieron de tarjeta.

Gerardo Díaz Ferran, el único acusado que se encuentra en prisión, aunque por otras causas, solicitó al tribunal poder ausentarse de la vista por su estado de salud el resto de las sesiones. La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, se negó en un principio, pero finalmente acordó que mañana sea examinado por los forenses de la Audiencia para adoptar una decisión definitiva al respecto.