Los cara a cara seguirán siendo una asignatura pendiente de la democracia española por mucho tiempo si los partidos desaprovechan la oportunidad de regularlos de un modo más flexible en las próximas semanas. La reforma de la ley electoral que tramita actualmente el Congreso de los Diputados no prevé ninguna mejora de la actual situación, caracterizada por unas normas muy rígidas como la de notificar los debates con cinco días de antelación, el motivo formal que la Junta Electoral esgrimió el martes para frustrar el debate televisivo entre Artur Mas y José Montilla, candidatos de CiU y el PSC en las elecciones catalanas del próximo domingo.
Peor aún. La reforma traslada a las televisiones privadas el sistema de cuotas y reparto de minutos que tantas protestas de los profesionales de la información ha generado en las TV públicas.
La reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral General se encuentra en fase de presentación de enmiendas, cuyo plazo expira el próximo lunes. Si los partidos se pusieran de acuerdo, hay todavía margen para introducir modificaciones.
LAS CARENCIAS DEL SISTEMA La propuesta no surgió del Gobierno, sino de una subcomisión que analizó durante dos años las carencias del sistema electoral, y acabó fraguando un acuerdo que solo suscribieron PSOE, PP, CiU y PNV. IU y UPyD lo rechazan de plano porque no prevé equilibrar la sobrerrepresentación que logran los partidos nacionalistas en las generales, en detrimento de las pequeñas formaciones de ámbito estatal.
