Una nueva reforma que sigue su camino con los únicos votos del PP. Los conservadores han rechazado en solitario este jueves en el Congreso las ocho enmiendas a la totalidad que los grupos de la oposición habían presentado a la reforma local. Según el Gobierno, la iniciativa es “profundamente municipalista”. De acuerdo con el PSOE e IU-ICV, se trata de un nuevo paso en la demolición del Estado social. Y para CiU, solo traerá servicios más caros.
La única novedad en este primer trámite parlamentario ha sido el cambio de posición del PNV. Los nacionalistas vascos también habían pedido la devolución de la norma, pero finalmente han retirado su enmienda al acordar con el Gobierno que se mantendrá el papel y autonomía de las diputaciones forales. El paso no significa que los jeltzales vayan a apoyar la ley.
Y mientras el debate transcurría en el hemiciclo, se han trasladado al congreso varios alcaldes del PSOE y el PP para expresar su respectivo rechazo y apoyo a la norma, cuyo nombre oficial es ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Primero, los socialistas se han concentrado frente a la verja de la Cámara baja en protesta por la reforma. Entre este grupo de primeros ediles se encontraba la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín. “Es un atentado contra los ciudadanos que supondrá un retroceso brutal en los servicios que ara prestan los ayuntamientos”, ha sostenido. Después, otra delegación de ediles conservadores se ha reunido con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Aun así, la reforma también ha sido muy polémica entre los alcaldes del PP.
Aspectos controvertidos
Los puntos más polémicos de la norma son básicamente dos. Por un lado, las autonomías tendrán que financiar a los ayuntamientos para que estos presten sus servicios sociales. Para la oposición y los colectivos sociales, la medida traerá consigo un retroceso en este tipo de prestaciones. Por otro, la reforma otorga capacidad a las diputaciones para que coordinen servicios como la basura y el agua en ayuntamientos cuya población sea inferior a los 20.000 habitantes. Los socialistas creen que lo que pretende el Ejecutivo es señalar que estas prestaciones no resultan rentables para las poblaciones más reducidas para comenzar su privatización.
