«Tenemos un problema sangrante con el acceso a la vivienda en España», describe Usías. Cada día hay 164 desahucios en España y más de la mitad son de personas que vivían de alquiler. Aunque la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) le añade los «invisibles»: aquellos en que los inquilinos se tienen que ir porque el alquiler ha subido y no hay quien pague tan elevados precios.

«No podemos permitir ningún desahucio más con un realojo garantizado», critica Abril desde Cáritas. Precisamente esta era una de las medidas incluidas en ley de vivienda de la PAH, que llegó a la mesa del Congreso pero a la que la convocatoria electoral catapultó al cajón de los papeles mojados. Según explica una de las portavoces de la PAH, Lucía Delgado, esta ley planteaba que cuando alguien no pueda pagar la hipoteca, salde su deuda dejando la vivienda al banco. Pero lo pedía de forma retroactiva: es decir, que se saldara la deuda de los miles de hogares que no lo consiguieron. También planteaba que todo el parque de vivienda de los bancos rescatados con dinero público se convirtiera en alquiler social y que ninguna compañía pudiera cortar ni luz, ni agua, ni gas a nadie sin comprobado que no es una familia vulnerable.