El Ministerio del Interior del Reino Unido rechazó ayer la orden europea de detención por la que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reclamaba a la exconsejera Clara Ponsatí para ser juzgada por sedición por considerarla «desproporcionada con arreglo a la legislación británica». Las autoridades británicas reclaman a España aclaraciones para volver a analizar el caso.
«La orden de detención europea ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido», contestan las autoridades británicas al Ministerio del Interior español por el sistema de cooperación policial entre países.
Las autoridades del Reino Unido añaden que, por el momento, «no tomarán ninguna otra medida en relación con este asunto». Emplazan no obstante a España a hacer llegar «información sobre el historial delictivo previo» de Ponsatí «o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción» que tenga en su poder. En ese caso, volverán a «evaluar la decisión».
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el problema está en que la sedición en la legislación de Reino Unido es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España, de ahí que consideren una desproporción la entrega.
