Un diplomático español rememoraba esta semana una victoria política de China sobre EEUU para demostrar que España no puede ni tiene por qué ser el justiciero universal. En 1994, el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, cedió ante el país asiático y le dio la condición de nación más favorecida, cláusula comercial que dota a sus productos de aranceles preferenciales. EEUU juró que, a partir de entonces, no supeditaría ese estatus a la mejora de los derechos humanos, como había hecho los cuatro años anteriores, en represalia por los sucesos de Tiananmen. La presión de una superpoblada y potente China venció a la ética. Clinton se justificó: se logran más avances en derechos si no se someten a "constante escrutinio".

Ese diplomático español fue uno de los muchos que respiró con alivio, el jueves en el Ministerio de Exteriores, cuando el Congreso aprobó poner límites a la acción de la justicia universal: a partir de ahora, la Audiencia Nacional solo podrá hacerse cargo de los casos en que haya víctimas españolas, los presuntos responsables del delito estén en España o se considere que existe una conexión relevante con nuestro país. La reforma legal contó con una mayoría aplastante: PSOE, PP, CiU y PNV votaron a favor. ERC, IU-ICV y el grupo mixto lo hicieron en contra.

Según el diputado de IU Gaspar Llamazares, tras la reforma hay "un encargo de Israel". De hecho, la Audiencia Nacional revisará entre hoy y mañana la investigación de un bombardeo en el 2002 en Gaza, en el que fallecieron 14 civiles palestinos y un dirigente de Hamás.

Conversación privada

El pasado 30 de enero, un día después de que se supiera que un juez investigaría a un exministro de Defensa israelí y seis militares por el ataque, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, reveló una conversación con su homólogo español Miguel Angel Moratinos. Según Livni, este le quitó hierro al asunto y le adelantó que el Ejecutivo tenía pensado limitar la justicia universal.

La verdad es que la reforma legal aprobada en el Congreso no es retroactiva, por lo que la docena de casos que ya se investigan (contra torturas en Guantánamo o genocidio en el Tíbet, entre otros) seguirán su curso. Pero serán los últimos. España tira la bandera de la justicia universal.

En los últimos años, Moratinos se ha encargado de apaciguar las críticas de los gobiernos afectados y de evitar crisis diplomáticas. Era una petición expresa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "No puede ser que el trabajo diplomático hecho durante años se lo cargue uno de esos jueces estrella, más preocupados en sacudir su látigo que en los intereses del país; para eso ya hay un Tribunal Penal Internacional TPI", dice un embajador español destacado en una capital europea. Este cree que toca presionar a los países que aún no han reconocido el estatuto del TPI, como China, EEUU e Israel.

Uno de los asuntos que preocupaban más al Ejecutivo eran las denuncias sobre la prisión de EEUU en Guantánamo. El razonamiento es: si Barack Obama quiere cerrar la cárcel, ¿por qué darle más problemas con investigaciones en España?

Efectos económicos

Siete asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han lamentado la decisión. Otro diplomático, director general de Exteriores, que también prefiere no ser citado, dice que si se hubieran explicado las consecuencias económicas de esas investigaciones y se hubiera hecho un referendo, también habrían votado a favor de limitar la justicia universal. Pero la coincidencia de intereses del PP y el PSOE ha obstaculizado cualquier debate público.