El pasado mes de septiembre cundía el pesimismo en la clase dirigente política y empresarial madrileña. Una percepción que aumentó tras la aciaga jornada del 1-O en la que el Gobierno se dejó jirones de reputación y situó la imagen de España en la picota. Se extendió la idea de que la Constitución estaba siendo rebasada por el secesionismo catalán sin que del texto normativo surgieran recursos de contención y resolución.
Dos preguntas se sucedían insistentes. La primera se refería al margen de maniobra del Rey para intervenir en la crisis. La segunda se cuestionaba la viabilidad de aplicar la cláusula de coerción contenida en el artículo 155 de la Constitución. La combinación de ambas dudas auguraba que la Constitución pudiese llegar a su 39º aniversario en una situación de enorme deterioro. Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro inesperado y hoy se celebra la efeméride constitucional con los ánimos recuperados, especialmente tras el barómetro del CIS que pronostica la pérdida de la mayoría absoluta de los independentistas.
El discurso del Monarca
El día 3 de octubre, Felipe VI -en el momento de mayor desconcierto ante los hechos que sucedían en Catalunya- reinterpreta sus facultades constitucionales que le atribuyen el arbitraje y la moderación de las instituciones y en una intervención sin concesiones califica a las autoridades catalanas como autoras de una "deslealtad inadmisible" y apela a los "legítimos poderes del Estado" para que reinstauren el orden constitucional. El discurso del Rey es acogido con perplejidad.
Por los catalanes -incluso por los no independentistas- porque no hace ni una sola alusión al diálogo y por el resto de los españoles, porque no esperaban que el Monarca dispusiera de la intuición y habilidad suficientes para captar qué tipo de alocución necesitaba el país. La decepción que provocó en Catalunya el discurso del Rey se correspondió con el respaldo sin fisuras que recibió en el resto de España. Lo que Rajoy no había conseguido -credibilidad- lo logró el jefe del Estado.
El 'think tank' más importante de Madrid -el Círculo Cívico de Opinión-, financiado por grandes empresas españolas, algunas catalanas, y presidido por el catedrático José Luis García Delgado e integrado por empresarios y académicos de distintas disciplinas e ideologías como Emilio Lamo de Espinosa, Victoria Camps, Francesc de Carreras, Cayetano López, Fernando Vallespín, Adela Cortina, Santiago Muñoz Machado, Luis Oro, Josep Piqué o José Manuel Sánchez Ron, entre otros, acaba de elaborar y distribuir un documento ('España y las otras monarquías parlamentarias del siglo XXI') que avala el comportamiento del Rey en términos taxativos. Y no solo: desarrolla un estudio en el que se acredita que España está entre las 19 "democracias completas", seis de las cuales son monarquías parlamentarias a las que atribuye los mejores índices de calidad democrática. El documento afirma que la Monarquía actúa como una "institución-refugio, la última ratio del sistema de confianza general".
Un terreno desconocido
Antes de que el Círculo Cívico de Opinión lanzase esta apuesta por la Monarquía parlamentaria, y a partir de la intervención del Rey, se produjo el grueso de la fuga de empresas de Catalunya, el PSOE retiró la moción de reprobación a la vicepresidenta del Gobierno y se aglutinó el frente constitucionalista formado por el PP, el PSOE y Ciudadanos que respaldaron a Rajoy en la aplicación del 155 el pasado 27 de octubre. Una decisión que se adentraba en un terreno constitucional desconocido, sin precedentes en España ni tampoco comparados. Y, hasta que se celebren las elecciones catalanas, el bloque del 155 se mantendrá. A pesar del auto de Pablo Llarena que mantiene en prisión a Junqueras, Forn, Cuixart y Sànchez, una decisión que en Madrid se ha encajado con casi absoluta naturalidad, a diferencia, de nuevo, de la reacción que ha provocado en Catalunya.
En apoyo de la reforma de la Constitución de 1978 -descartando la necesidad de un proceso constituyente y el diálogo bilateral con las fuerzas secesionistas- diez catedráticos (cinco catalanes, dos madrileños, dos andaluces y un vasco), con la firma muy significativa de Eliseo Aja, un referente del federalismo y miembro hasta el pasado mes de julio del Consell de Garanties Estatutàries, presentaron el mes pasado el documento 'Ideas para una reforma de la Constitución', que constituye todo un respaldo al reformismo y un alejamiento total de las tesis que preconizan la necesidad de abrir en canal la Carta Magna de 1978. Un auténtico balón de oxígeno para el actual marco jurídico-político y un correctivo al independentismo catalán, al que se le reprochan rotundamente sus procedimientos unilaterales.
El Rey y el artículo 155 de la Carta Magna han sido como electrodos de activación para una Constitución a cuya celebración por su 39º aniversario se une, incluso, Unidos Podemos, que se ausentó el año pasado de los actos institucionales del 6-D. Sobre el texto de 1978 ha llegado a planear el que en Madrid algunos denominan "síndrome de la Restauración", recordatorio de cómo cayó el sistema monárquico y, tras el Pacto de San Sebastián de 1930, se declaró la Segunda República española.
El augurio
El impulso catalán en aquellos hechos históricos, y la balconada del 6 de octubre de 1934, así como la frecuencia con la que las convulsiones catalanas afectan a toda España, sumieron al modelo de la transición en una crisis de confianza.
El clima ha cambiado, la reforma constitucional se ve ahora con renuencia y se aplaza sine die, y hemos pasado de los ensayos sobre el proceso a los libelos de Savater ('Contra el separatismo') y de Amat ('La conjura de los irresponsables') a las reflexiones breves y sosegadas de Mendoza ('Qué está pasando en Catalunya'). Y se observan las contradicciones y disensos independentistas como un síntoma que permite augurar larga vida a la Constitución de 1978.
