El Rey Felipe VI y la Reina Letizia llegaron ayer a Marruecos para iniciar su primera visita de Estado y fueron recibidos a su llegada al aeropuerto de Rabat-Salé por el Rey Mohamed VI. El monarca marroquí estaba acompañado de su hijo, el príncipe heredero Moulay Hassan, de su hija Lalla Khadija y de todos sus hermanos, el príncipe Moulay Rachid y las princesas Lalla Meryem, Lalla Asma y Lalla Hasna.

El monarca español continúa con total normalidad la agenda que tenía prevista y llegó al reino alauita sin modificar el programa. A Felipe VI le correspondería firmar el decreto de disolución de las Cortes Generales en caso de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiese adelantar las elecciones generales, pero el Palacio de la Moncloa ha hecho saber que la decisión de Sánchez se dará a conocer después de la reunión ordinaria del Consejo de Ministro de mañana.

De hecho, según el artículo 115 de la Constitución, el presidente del Gobierno, «previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey». El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

La visita de Estado de los Reyes a Marruecos, la primera de Felipe VI en su mandato, llega en un momento de calma y de especial sintonía entre ambos países después de los vaivenes y encontronazos que la han caracterizado en las últimas décadas.

Invitados por Mohamed VI, el viaje de Felipe VI y Letizia pretende reforzar aún más una relación que el Gobierno español considera «excelente» y que atraviesa «la mejor etapa» de los últimos años, en especial, en el plano de la inmigración, la seguridad y la economía, según fuentes de Exteriores.

La política migratoria ha marcado el trato en la etapa reciente después de que en 2018 accedieran a España de manera irregular unos 65.000 inmigrantes, en su mayoría procedentes de Marruecos.

Ante el incremento de este flujo, España intercedió para que la Unión Europea concediera al país magrebí una ayuda de 140 millones de euros para impermeabilizar «la frontera sur de Europa», como la considera el Gobierno español.

El Ejecutivo también destaca que la retirada de la concertinas de las vallas de los límites de Ceuta y Melilla se ha acordado «en colaboración con Marruecos».

A día de hoy, el foco de discrepancia más notorio es el cierre del puesto aduanero de Beni Enzar, en la frontera con Melilla, que Rabat decretó de forma unilateral el pasado 1 de agosto.

La última crisis de calado se remonta a 2010, cuando el Parlamento marroquí pidió al Gobierno de Rabat acometer «una revisión global de las relaciones con España» y trabajar para «la recuperación de Ceuta, Melilla y los presidios ocupados».