El exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado a 31 años de prisión por delitos económicos, trabajará como "administrador y directivo" de la empresa Palumi SA, que está gestionada por el empresario aragonés Arturo Beltrán, según confirmó ayer a este diario su abogado José Luis Rodríguez. Roldán fijará su residencia en Zaragoza y acudirá a dormir de lunes a viernes al centro de régimen abierto de la antigua prisión zaragozana.

GESTIONA UNA PLAZA DE TOROS

La empresa que le ha dado trabajo a Roldán rehabilitó y explota por 75 años la plaza de toros de Vista Alegre, en Madrid, donde el PSOE celebró el mitin del 20º aniversario del triunfo en las elecciones generales de 1982.

La oferta de trabajo a Roldán ha sido decisiva para que el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Antonio Velasco, le concediera el pasado lunes el tercer grado penitenciario. Beltrán comentó que ha contratado al exdirector de la Guardia Civil como un favor a un amigo. "Fue mi amigo y sigue siéndolo", declaró ayer Beltrán, que conoció a Roldán cuando éste era delegado del Gobierno en Navarra.

El ministro del Interior, Angel Acebes, señaló ayer que los poderes públicos se esforzarán en que cualquier incremento patrimonial o mejora de sus condiciones económicas sean para sufragar todas las deudas pendientes del recluso con la sociedad. Acebes también aseguró que el Gobierno "acata, respeta y cumplirá" la decisión adoptada por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Antonio Velasco, pese a que estaban en contra la administración carcelaria y la fiscalía.

Precisamente, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dio ayer el visto bueno al recurso de reposición por parte de la fiscalía de Valladolid contra la semilibertad de Roldán. El escrito será presentado hoy por el fiscal jefe de Valladolid, Luis María Delgado, que pedirá la suspensión cautelar del tercer grado en atención a la alarma social que produjo el caso y a que el preso, que ha cumplido 7 años y 9 meses de reclusión, no ha devuelto gran cantidad del dinero público que robó.

El juez de vigilancia penitenciaria dijo ayer que decretó el tercer grado "con objetividad".