La portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha planteado hoy la necesidad de reforzar el control de las subvenciones públicas al tiempo que ha reclamado "más transparencia" y "objetividad" a la hora de concederlas. Durante su intervención en la presentación del libro coordinado por Mario Garcés Sanagustín y Alberto Palomar Olmeda "Derecho de las subvenciones y Ayudas Públicas", Sáenz de Santamaría ha recordado que la actual regulación de las ayudas públicas, aprobada en 2003, ya supuso una transformación radical en las políticas de las subvenciones públicas en España. No obstante, ha señalado que dicho marco normativo "admite y demanda mayores avances" en lo que se refiere al refuerzo del "control, transparencia y objetividad". Tras invitar a la reflexión sobre la necesidad de reforzar la Ley General de Subvenciones, ha reclamado una mayor eficiencia del gasto de las citadas ayudas y ha abogado por medir el impacto de los objetivos que persiguen alcanzar. Para la dirigente popular, las subvenciones deben estar estrechamente ligadas al logro de sus fines, porque, de lo contrario, ha dicho, se desvanece el carácter de estímulo que les da sentido. Por otra parte, ha llamado a la disciplina, la contención y el control del gasto público como fórmula para equilibrar la escasez de recursos con la necesidad de incentivar la actividad económica y garantizar la cobertura social en una crisis como la actual. Ha destacado cómo el saldo de las cuentas de las administraciones públicas ha registrado el "deterioro más brusco" de la historia de España y "el más intenso" en comparación con el resto de principales potencias económicas. Así, ha recordado cómo en tan sólo dos años, entre 2007 y 2009, el saldo del conjunto de las administraciones públicas pasó de un superávit del 1,9 por ciento del PIB a un déficit del 11,13 por ciento, del cual más del 9 por ciento correspondió a la Administración General del Estado. Por ello, ha defendido la necesidad de volver a convertir en una exigencia legal la austeridad de todas las administraciones con la reforma de la Ley de Estabilidad para establecer techos de gasto y endeudamiento, que vinculen a dichas administraciones.
