En el siempre resbaladizo terreno del proceso autonómico, minado de tentaciones centralistas y de suspicacias territoriales, hay un verbo largamente proscrito: armonizar. Porque, pese a sus reminiscencias musicales, el término evoca indefectiblemente la LOAPA, aquella ley orgánica de armonización del proceso autonómico con la que el Estado trató de aplacar al estamento militar tras el frustrado golpe de Estado del 23-F. Aunque con un propósito bien distinto, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, conjugó ayer el dichoso verbo al anunciar la voluntad del Gobierno de "posibilitar un desarrollo estatutario armónico en los diferentes ámbitos de la Administración". Es decir, todas las autonomías en el mismo saco.

En el Senado, en su primera comparecencia parlamentaria desde que asumió la cartera de Administraciones Públicas, la ministra adelantó su intención de reactivar la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Autonómica, un órgano interministerial que lleva una década sin abordar los traspasos a las autonomías. En 1997 aprobó la cesión de la competencia de tráfico --de titularidad exclusiva estatal-- a la Generalitat catalana y, desde entonces, se ha limitado a autorizar convenios entre el Estado y las autonomías. La integran los dos vicepresidentes y los ministros de Exteriores, Interior y Administraciones Públicas, junto a 5 secretarios de Estado.

EVITAR LAS DISFUNCIONES Salgado explicó que, dadas las similitudes existentes entre los nuevos estatutos aprobados en esta legislatura, el Gobierno ha tomado conciencia de la necesidad de ordenar las transferencias competenciales que estos demandan. Empresa que, a su juicio, requiere el concurso de diferentes ministerios para evitar disfunciones administrativas.

La ministra dejó claro que los trabajos de la comisión autonómica no se reactivarán hasta después de las elecciones del próximo marzo. Para mantener este clima, aseguró Salgado, el Gobierno seguirá impulsando órganos como la Conferencia de Presidentes y la participación de los Ejecutivos autonómicos en los temas europeos. A este respecto, Salgado anunció también que el Gobierno quiere crear el marco que permita a las comunidades constituir las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, órganos comunitarios que permitirán la colaboración entre territorios aunque no estén próximos físicamente (como las actuales eurorregiones).

Como contrapunto, Salgado anunció la constitución del Consejo de Lenguas Oficiales, orientado a "facilitar el derecho de los ciudadanos al uso de sus lenguas en sus relaciones con los diferentes ámbitos de la Administración General del Estado".

Si el Gobierno se apresta a consolidar el modelo territorial, otros insisten en desdibujarlo. Ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP), propuso retocar otra vez la Carta autonómica para incluir una cláusula que, calcada a la del Estatuto andaluz, brinde más inversión estatal a la comunidad. Cláusula, por cierto, inspirada en la disposición del Estatuto catalán que el PP llevó al Tribunal Constitucional.