La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha defendido hoy en el Congreso el proyecto de presupuestos del Estado para el 2010 como "el mejor posible en el difícil contexto económico". Para su aprobación depende del apoyo de Coalición Canaria y el PNV. Las prioridades del Gobierno se muestran en su política económica: lograr un crecimiento sostenible, garantizar la protección social a los más afectados por la crisis y ser un primer paso hacia la consolidación fiscal, con medidas de austeridad en todos los gastos no prioritarios y pidiendo un "moderado esfuerzo adicional a los contribuyentes".

EL 51,6% DEL GASTO

El gasto social, que supone un 51,6% del total del gasto previsto para el 2010, es la base de una cuentas dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis y confiar en una recuperación mundial que tire también de la economía española. Se priorizan las partidas para protección de los desempleados, dependencia, pensiones mínimas, educación y vivienda.

La segunda cuestión que ha preocupado al Ejecutivo a la hora de establecer la política económica es el control del déficit. "Nos propusimos que la crisis económica no fuera acompañada de una crisis social. No tenemos por qué soportar una quiebra de la cohesión social que luego sería mucho más difícil de reparar", ha explicado Salgado.

DESCONTROL DEL SISTEMA Y PESO DEL ESTADO

A su juicio, la actual coyuntura económica es el resultado del "descontrol de los mercados financieros, desprovistos de los mecanismos de gestión adecuados". "Nosotros sí creemos en el papel de los poderes públicos en la economía, como garante", explicó Salgado, contradiciendo a aquellos que insisten en que las diferencias entre izquierda y derecha no son palpables.

SUBIDA DEL IVA

La batería de medidas canalizada a través de los presupuestos se concreta en la eliminación de la dedución de los 400 euros del IRPF del pasado año, que reportará a las arcas del Estado unos 5.700 millones de euros; la subida del gravamen de las rentas del ahorro del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros y el resto al 21%; la subida del IVA general en dos puntos (del 16% al 18%) y del tipo reducido en un punto (del 7% al 8%), con el tipo superreducido en el 4%. La subida de impuestos se producirá a partir del 1 de julio. El anuncio del retraso de la aplicación pretende incentivar la actividad antes de esa fecha.

BAJADA DE IMPUESTOS

Para compensar esa batería de medidas, se baja en cinco puntos el impuesto de sociedades para las pymes con menos de 25 trabajadores e ingresos menores a cinco millones de euros que mantengan o creen empleo (del 25% al 20%), con una medida equivalente para los autónomos.

En lo relativo a los impuestos sobre las rentas de capital, los cálculos del Gobierno suponen que, para las rentas inferiores a 6.000 euros, habrá que pagar "50 céntimos más al mes". De forma progresiva, las rentas superiores al millón de euros "van a pagar una media de 30.000 euros más al año".

IMPUESTOS BAJOS

En cuanto a la subida del IVA, a partir de julio, Salgado sostuvo que, a pesar de la subida, España seguirá siendo uno de los países europeos con los impuestos al consumo más bajos. De hecho, tras la subida sólo tres países tendrán un IVA inferior: Luxemburgo, Chipre y Reino Unido.

Estas medidas, junto a la retirada de la deducción de los 400 euros en el IRPF y la modificación del impuesto de sociedades, aumentarán la recaudación de 2010 en 6.500 millones de euros, y en 10.950 millones entre 2010 y 2011.

¿QUÉ PASA CON LAS RENTAS ALTAS?

"La política fiscal ha de responder a la necesidad del país. Se han bajado los impuestos cuando era conveniente y posible hacerlo sin acumular un déficit inaceptable", y ahora, sin embargo, lo responsable es elevarlos, argumentó.

Mientras los partidos de la derecha critican el incremento del peso del Estado en el dibujo de los presupuestos, la izquierda carga contra la tibieza de las medidas dirigidas a gravar las rentas altas. ¿Por qué no se incrementa la presión impositiva a los grandes patrimonios? La razón según los expertos es que una medida de ese tipo es en la práctica poco efectiva en términos de contabilidad nacional. Los grandes patrimonios son pocos, su aportación es globalmente pequeña y tienen recursos suficientes para eludir esa presión (por la vía del traslado del domicilio fiscal o la transferencia de recursos a empresas o terceros).