La figura de Dolores Delgado y su próximo salto del Ejecutivo a la Fiscalía General tensionaron las conversaciones del público en las ceremonias de traspaso de cartera o renovación ministerial celebradas ayer. La ya exministra de Justicia será propuesta por Pedro Sánchez como nueva fiscala general del Estado, y la elección, filtrada a primera hora de la mañana, provocó irritados comentarios de la oposición y severas críticas de la mayoría de asociaciones del ministerio público y la judicatura.

La propuesta de Delgado, fiscala de carrera, coincide con el compromiso de Sánchez de desjudicializar el conflicto catalán. Delgado sucederá a María José Segarra, que no logró que los fiscales del procés rebajaran su acusación de rebelión a sedición, como sí hizo el Ejecutivo con la Abogacía del Estado. Segarra, que aún no tenía la categoría máxima en la carrera, fue tan respetuosa con sus compañeros que algunos sectores le criticaron no haber conseguido que los fiscales del procés incluyeran, siquiera como alternativa, la sedición en su acusación contra los líderes independentistas. La exministra ya cuenta a favor que no hallará los problemas de Segarra con los fiscales de máxima categoría del Supremo: los principales asuntos pendientes del proces ya corresponderán a los de Cataluña.

Segarra acudió al traspaso de cartera en Justicia, y se mostró prudente cuando la abordaban los asistentes. Preguntada por este diario, se excusó: «No es día de hacer declaraciones. Ceso con el gobierno que me nombró; ningún problema».

Por primera vez, una ministra de Justicia, elegida además diputada en las elecciones, pasa a fiscala general, algo difícil de entender ante el estatuto fiscal, que intenta proteger la autonomía de la carrera ante el Gobierno. El caso de Javier Moscoso, que pasó del Ministerio de Presidencia a la Fiscalía General en el segundo gobierno de Felipe González, es el precedente más próximo. En los 90, también gobernando el PSOE, y en la etapa de UCD hubo otros precedentes: Leopoldo Torres, Juan Manuel Fanjul y José María Gil-Albert.

El caso de Delgado es más polémico, pues fue reprobada en el Senado por el episodio que la relacionó con el excomisario José Manuel Villarejo. En octubre de 2018, una moción del PP pidiendo su dimisión fue aprobada con 83 abstenciones, fundamentales, de Podemos y ERC.

HABRÁ RECURSO / La elección de Delgado alimenta la «oposición firme» del PP. Su líder, Pablo Casado, no descarta la justicia para frenar a Sánchez. Ayer anunció que recurrirá el nombramiento con los artículos 7 y 59 del estatuto fiscal, que hablan de independencia e imparcialidad. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aventuró en Twitter que los presos de Lledoners «ya respiran tranquilos».

El anuncio era desconocido el domingo por miembros clave del Ejecutivo como el ministro Fernando Grande-Marlaska, relatan fuentes de Interior. Y sorprendió en el ministerio público. Delgado solo obtuvo parabienes de la Unión Progresista de Fiscales, en la que ha militado, y que en una nota manifestó: «Confiamos en la independencia absoluta de la nueva Fiscal General y en la autonomía de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones encomendadas».

Por contra, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, se dijo «sorprendida y disgustada» y comentó a Efe que elegir «a quien ha ido en un destacado puesto en una lista electoral es una declaración de intenciones por parte del poder político para meter las zarpas». Con menos irritación, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) advirtió que el caso «no traslada a la ciudadanía la apariencia de autonomía del ministerio fiscal», si bien dio un voto de confianza a Delgado: «Si se atiene a los principios de imparcialidad y legalidad puede ser una buena fiscal general (...) pero si viene con misiones políticas se va a equivocar».

«ESTUPOR» / Entre los jueces, la crítica es mayoritaria. La portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Cristina Dexeus, dijo que la noticia le causaba «estupor» y que es «evidente» que «quieren a la fiscalía sometida al Gobierno». La Asociación Judicial Francisco de Vitoria calificó de «insólita y lesiva» la propuesta, y la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, estimó que «existe una confusión en el Gobierno de lo que es la separación de poderes y de la independencia judicial».

Solo la asociación Jueces para la Democracia no lo critica. Su portavoz, Ignacio González Vega, confía en que Delgado haga «una buena labor» y pidio ayer que se la juzgue por sus hechos, y no por proceder del Gobierno, hecho en el que no ve impedimento alguno.