Dentro de los cambios de discurso de casi todos los partidos ante la repetición electoral, el PSOE se abrió ayer a pactar cuanto antes con todos los grupos, también de la derecha, para que Pedro Sánchez sea investido en la segunda quincena de diciembre. Los socialistas no detallan sus preferencias. Apuestan por el acuerdo con Unidas Podemos, como el pasado verano, pero también por la abstención, a cambio de pactos de Estado, de Ciudadanos y sobre todo del PP, que es ahora mismo en el que los colaboradores del presidente del Gobierno sitúan su principal esperanza. El texto solo señala que si el PSOE es el ganador de los comicios, como pronostican todas las encuestas, «iniciará inmediatamente conversaciones con todos los partidos para desbloquear España».
«En el plazo de 48 horas se presentará una propuesta a cada fuerza con el objetivo de formar en el plazo de un mes un Gobierno progresista, unido y coherente en los grandes temas nacionales y que no dependa de los votos independentistas», explican los socialistas en su nuevo documento, llamado Plan para avanzar y vencer el bloqueo.
LA CRISIS TERRITORIAL / Más allá de la celeridad que Sánchez quiere imprimir a su investidura (al contrario que hace unos meses), el texto pretende reforzar la idea de que solo el PSOE está en disposición de gobernar, algo que el presidente en funciones repasa en todos sus mítines. «En el bloqueo hay muchas siglas a izquierda y derecha. En el avance, solo el PSOE», dijo ayer Sánchez en Alcorcón (Madrid). Pero el «plan» también incluye negociar «pactos de Estado» con el PP y Cs a cambio de su abstención, algo que hasta ahora los socialistas habían rechazado, limitándose a pedir de forma gratuita ese gesto a Pablo Casado y Albert Rivera. «El primer pacto de Estado sería no bloquear la investidura», decían en verano.
Así que por un lado están las «fuerzas dispuestas a integrar una mayoría progresista», como Podemos y el PNV, a quienes Sánchez pedirá el voto a favor y «fórmulas de apoyo estable durante toda la legislatura», continúa el texto, que rechaza la coalición que defiende Pablo Iglesias. Y por otro, el PP y Cs, de quienes se solicita la abstención.
Aquí la crisis territorial ocupa un papel fundamental. A las puertas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, que en principio se conocerá hoy, y en un momento en el que Sánchez ha endurecido su discurso, los socialistas ofrecen un pacto de Estado (el primero de cuatro) en «defensa de la democracia española, de la Constitución y de la integridad territorial para asegurar una respuesta unitaria frente a cualquier tentativa unilateral de ruptura».
Los tres restantes serían para garantizar las pensiones, aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica y «garantizar en el futuro la investidura tras la celebración de elecciones». Es decir, para que situaciones como la actual o la ocurrida en el 2016, cuando también se repitieron comicios, no vuelvan a darse. El PSOE se fija en Euskadi y Asturias, donde si un candidato no obtiene la mayoría parlamentaria es investido el aspirante de la fuerza más votada.
EL CAMBIO / Sánchez se tomó la negociación con calma tras las generales del 28 de abril, llegando a fijar el pleno de investidura tres meses más tarde, a finales de julio. Cuando fracasó, al no aceptar Podemos su oferta de coalición, prefirió reunirse con «colectivos sociales» en lugar de con Iglesias. Ahora, en cambio, tiene mucha prisa. Planea que la investidura tenga lugar en la segunda mitad de diciembre y que el Gobierno se constituya «antes de concluir el año».
«Si tenemos una mayoría suficiente el 10 de noviembre habrá gobierno en diciembre, pediremos al presidente del Congreso que no haya vacaciones parlamentarias en diciembre y en enero porque tenemos que aprobar el techo de gasto, presentar los presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año», aseguró ayer el presidente en funciones.
Y después, el tercer gran tema: las cuentas públicas. «La preceptiva aprobación del techo de gasto, paso previo de la ley general presupuestaria, se realizará en la segunda quincena del mes de enero -anticipan los socialistas-. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado estará presentado para su tramitación parlamentaria durante el primer trimestre del 2020. Este proyecto pondrá las bases de una legislatura de avance social, superando definitivamente los Presupuestos del Gobierno conservador anterior. Se atenderán todas las emergencias sociales detectadas en los últimos meses».
