El estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros este domingo incluye un toque de queda general de 23.00 horas a las 06.00 horas, una franja que las comunidades podrían adelantar o atrasar, pero solo una hora, según fuentes del Gobierno consultadas por EL PERIÓDICO.
La voluntad del Ejecutivo, ha explicado Pedro Sánchez, pasa por dar "un marco estable de seis meses" cuando se solicite la prórroga del periodo excepcional al Congreso, algo que ocurrirá dentro de 15 días. Sánchez ha señalado en su comparecencia que el estado de alarma se prolongará hasta el 9 de mayo, con comparecencias cada 15 días en el Congreso para rendir cuentas. Algo para lo que buscará el apoyo de los grupos parlamentarios.
El decreto de alarma no establece la prohibición de desplazamientos entre comunidades, por lo que el confinamiento perimetral en los territorios no será obligatorio. Pero sí dota a sus gobiernos de los instrumentos para que puedan confinar bien toda la autonomía o bien municipios concretos, según fuentes del Gobierno.
El decreto concede amplios poderes a las autonomías, que como autoridades delegadas, tendrán capacidad para confinar de noche, a través de los toques de queda, perimetrar todo o parte de su territorio y limitar las reuniones, según fuentes del Gobierno.
El Gobierno de Pedro Sánchez responde así a la petición de numerosas autonomías, entre ellas Extremadura, para dar cobertura jurídica a los toques de queda que quieren aplicar en sus comunidades para frenar la segunda ola del coronavirus.
El presidente del Gobierno comparecerá en rueda de prensa para dar cuenta del funcionamiento de este nuevo estado de alarma, diferente del decretado en marzo en el que el Estado asumió el total control de la gestión de la pandemia. En este caso, la gestión queda en manos de los gobiernos autonómicos.
Este estado de alarma, un régimen jurídico excepcional, permitiría a las autoridades regionales, competentes en sanidad, adoptar severas restricciones a la movilidad sin temor a que sean tumbadas por un juez, como ha ocurrido recientemente.
El Ejecutivo, en principio, lo tiene mucho más fácil que hace unos meses para lograr la prórroga del estado de alarma, que dentro de 15 días deberá ser votada por el Congreso. A falta de ver cómo los partidos acogen la propuesta de alargar el periodo excepcional durante varios meses, en la línea de lo llevado a cabo por Italia y Francia, Cs ya ha anunciado que lo apoyaría. El PNV también está por la labor de secundarlo, ya que Euskadi fue la primera comunidad que solicitó la alarma. Después lo hizo Cataluña, algo que prefigura el respaldo de los diputados de JxCat y ERC.
Son escaños más que suficientes para la extensión temporal, pero la coalición del PSOE y Unidas Podemos subraya la importancia de que el PP también vote a favor. Pero ninguna de las autonomías gobernadas por los conservadores ha solicitado la alarma, a diferencia del resto, y Pablo Casado fue hace unos meses muy críticos con esta herramienta constitucional, votando en contra de las prórrogas en varias ocasiones, algo que dificulta que ahora se sume. La Moncloa, en todo caso, cree que sería capital lograr su respaldo, porque bajaría el ruido político, en estos momentos a niveles altísimos, en torno a la lucha contra la pandemia.
En un primer momento, Sánchez quería esperar a la conferencia de presidentes, que se celebrará este lunes, para aprobar el estado de alarma en el Consejo de Ministros ordinario del martes. Pero la cascada de peticiones para que diese ese paso, con España alcanzando el pico de la segunda ola y batiendo récords diarios de contagios, han hecho que decidiera adelantar la medida.
El primer territorio en pedir la alarma fue Euskadi, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulara las restricciones sociales que había ordenado el gobierno autonómico. Siguieron Asturias y Extremadura, a las que se sumaron varias comunidades también gobernadas por los socialistas, y también Catalunya, que como Euskadi quiere que las competencias del régimen excepcional estén delegadas en su gobierno, a diferencia de lo que ocurrió entre marzo y junio. La reclamación ha sido atendida, al conceder el decreto amplios poderes a las autonomías para confinar de noche, perimetrar todo o parte de su territorio y limitar las reuniones.
