Pedro Sánchez sigue pensando que Quim Torra no irá más allá de la "inflamación" verbal, que no cometerá ilegalidades, como sí hizo su predecesor y padrino político, Carles Puigdemont, el otoño pasado. Pero también considera que ya va siendo hora de trascender la retórica independentista y encarar los "problemas" de los ciudadanos. Un día después de que el 'president' de la Generalitat tendiera la mano al diálogo pero también dijese que no pensaba "aceptar" una sentencia que condenase a los procesados por el referéndum del 1 de octubre, el jefe del Ejecutivo pidió "más sentido de la responsabilidad y menos gesticulación".

Fuentes del Gobierno evitan tachar las palabras de Torra de "amenaza" al Estado. Creen que se trata de un mensaje de consumo interno que no se traducirá en un desacato. El 'president', señalan, no abrirá las puertas de las cárceles catalanas, gestionadas por la Generalitat, donde se encuentran, de momento en prisión provisional, los dirigentes independentistas. Varios representantes de ERC y el PDECat son de la misma opinión.

En todo caso, Sánchez, de visita en Suecia, donde se entrevistó con su primer ministro, Stefen Löfven, dijo: "España es un Estado social y democrático de derecho. Los gobernantes, aunque no compartamos las sentencias, debemos acatarlas".

Un nuevo Estatut

El presidente del Gobierno insistió en sus tesis habituales sobre la situación en Catalunya. En la autonomía, explicó, "no está en juego la independencia, sino la convivencia". Torra, continuó, solo se dirige a una parte de la ciudadanía catalana, la independentista, y deja de lado a la otra mitad. Por eso, explicó el líder socialista, el 'president' tiene que iniciar "un gran debate entre nacionalistas y no nacionalistas". Esa "gran conversación" debe tener lugar, dijo Sánchez, en el Parlament "desgraciadamente cerrado desde el mes de julio".

Porque el "elemento aglutinador" de toda Catalunya, concluyó Sánchez, no es la "independencia". Es el "autogobierno". Por eso, cree el presidente, la mejor manera de solventar la actual crisis es votando un nuevo Estatut, algo que el PSOE lleva proponiendo desde el 2013.