Una vez a la semana. Eso es lo que se han visto de media los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, desde que en noviembre rubricaran públicamente el ya conocido como pacto del abrazo, germen -ERC mediante- de la primera coalición de Gobierno de la era democrática española. Atrás han dejado estos dirigentes, por puro pragmatismo político, la colección de exabruptos y dardos envenenados que se lanzaban sin piedad el uno al otro para hacerse daño y, como efecto colateral según demostraron las urnas el 10-N, para agotar a una parte sustancial del electorado de izquierda.
Ahora dedican sus energías a limar aquellos puntos del acuerdo de legislatura que a sus equipos de confianza les cuesta más situar en territorios comunes, como los que atañen a las pensiones, el control del precio de la vivienda (los podemistas no tendrán la competencia pero sí iniciativa legislativa para avanzar en su objetivo de frenar la burbuja de alquileres), medidas en materia laboral y, sobre todo, la reforma tributaria que está al caer.
Y es que a la delegación negociadora de socialistas y morados, liderada por la ministra en funciones de Hacienda María Jesús Montero y el dirigente de Podemos Pablo Echenique, se le ha atascado un eje crucial del futuro modelo fiscal: dónde colocar el listón para la subida de impuestos.
En campaña electoral los de Iglesias han abogado por elevar el IRPF para rentas superiores a 60.000 euros, pero en el PSOE siempre han considerado que esa pretensión era excesiva. De hecho en el cuartel general de la calle Ferraz se optó por aparcar cualquier reforma de estas características antes de las dos últimas elecciones generales. Pero la necesidad de apoyos les obliga a virar. PSOE y Unidas Podemos ya llegaron en el 2018 a un entendimiento en esta cuestión cuando tuvieron que elaborar un proyecto presupuestario que, finalmente, no salió adelante en las Cortes: entonces se estableció que se subiría dos puntos el IRPF a los contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 130.000 euros y hasta cuatro a los que ganaran más de 300.000 euros.
No obstante la propia ministra Montero dejó claro que los socialistas ya no se sentían concernidos por este compromiso. Ella, ahora negociadora-jefe, hizo bandera del asunto en los debates entre candidatas. Superados los comicios y aceptada la realidad de que mantenerse en el Gobierno pasa por la coalición con los morados, la polémica sobre tributos volvió a primera línea.
Montero, Echenique y los equipos de trabajo que dirigen han intentado, sin demasiado éxito, encontrar de nuevo una propuesta inspirada en aquellos presupuestos pero adaptada a la realidad económica y política de la España actual. Pese a haber hecho avances no ha sido posible un acuerdo completo, lo que ha obligado a Sánchez e Iglesias a sentarse a desatascar uno de los flecos pendientes en su pacto de legislatura, especifican las fuentes consultadas. En estos momentos ya hay sobre la mesa de PSOE y Podemos una subida de impuestos de consenso y con las bendiciones de sus máximos dirigentes.
LAS OTRAS ‘MESAS’ / A nadie se le escapa que los puntos relativos a la economía -además de los que puedan afectar al modelo y diálogo territorial que se pacten con ERC- de la alianza entre socialistas y morados son los que más preocupan al buen puñado de grupos minoritarios que, junto a ellos, resultan imprescindibles para alcanzar la mayoría necesaria en una investidura a dos vueltas. Varios de esos grupos han demandado conocer la letra pequeña de esos acuerdos antes de que se convoque el Pleno en que Sánchez optará a la reelección, motivo por el cual es más que previsible que haya un acto de presentación oficial si hay margen o que, como mínimo, se haga llegar un documento a los aludidos antes de que el aspirante a la reelección se someta a la votación del Congreso.
En el caso de Compromís (que como PNV demanda que la investidura sea ya después del 6 de enero), espera además que mañana el PSOE le haga llegar otro documento, después de intercambiarse varios, en los que concrete y confirme que acepta presentar un nuevo modelo de financiación antes de siete meses y que, en el área de dependencia, garantiza que durante la próxima legislatura cumplirá la legislación vigente y ser hará cargo del 50% del coste de los servicios, no como hasta ahora.
