A nueve días de las elecciones generales, el Gobierno lanzó un torpedo a la línea de flotación del que se ha convertido, probablemente, en el proyecto más ambicioso del independentismo: la república digital catalana, una suerte de arquitectura institucional paralela abanderada por el president Quim Torra en los últimos meses e investigada por el CNI desde el primer día. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que obligará a todas las administraciones públicas a alojar sus servidores dentro de la Unión Europea (UE) e impedirá a la Generalitat situarlos en paraísos digitales. El Govern replicó que la decisión confirma la «deriva autoritaria» de Pedro Sánchez y lo tachó de «golpe de Estado digital».
El acuerdo para cercar al independentismo llegó en el penúltimo Consejo de Ministros antes del 10-N y ante el previsible incremento de las protestas en Cataluña en una próxima semana caliente por la visita del Rey a Barcelona, los mítines electorales, la jornada de reflexión y las votaciones. En este contexto, Sánchez llevó en mano al Consejo de Ministros su propuesta para fulminar la república digital que trata de construir el Govern.
El Gabinete ministerial aprobó el real decreto ley, que se publicará el martes en el BOE y deberá ser validado después por la Diputación Permanente del Congreso. No hay fecha prevista, pero será seguro después de los comicios, y el Ejecutivo socialista confía en obtener el respaldo mayoritario de la oposición para aplicar la medida.
Fuentes gubernamentales aseguran que la Generalitat tiene servidores alojados en paraísos digitales que, con esta norma, quedarán «fulminados». Entre ellos, aseguran, está el sistema de identificación promovido por el Govern, IdentiCAT, que el propio Torra presentó el pasado septiembre y que formaría parte de la arquitectura de la denominada república digital.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, justificó la «urgencia» y «necesidad de proteger el interés general» para aprobar este real decreto a pocos días de los comicios, y ante la perspectiva de que no haya un Gobierno en plenitud de funciones en las próximas semanas. Aludió a las incursiones cibernéticas en procesos electorales de otros países pero no lo vinculó a sospechas de una amenaza de esas características el 10-N. «Es urgente porque hay situaciones en las que hay que reaccionar cuando antes mejor», defendió.
«NI ‘OFF LINE’ NI ‘ON LINE’» / La medida la había anunciado Sánchez a primera hora desde los micrófonos de Onda Cero, donde explicó que se quiere controlar el «potencial mal uso» de la Generalitat para construir una república digital, y en la que aseguró que «ni habrá independencia off line ni on line».
El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, no quiso confirmar si, como asegura el Gobierno, la Generalitat tiene servidores alojados en paraísos digitales fuera de la UE, pero opinó que la decisión «es un golpe de Estado digital a Cataluña». «Un 155 digital», acusó.
Por otra parte, el Gobierno volvió a acudir ayer al Tribunal Constitucional (TC) para plantear dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia a resoluciones del Parlament. El Ejecutivo socilita a los magistrados que determinen si la Mesa de la Cámara catalana «ha desatendido» el apercibimiento que el tribunal hizo a sus miembros, al advertirles de que podían incurrir en delitos penales (desobediencia) al incorporar al orden del día una resolución sobre la autodeterminación.
