El Gobierno prevé que a partir de hoy, a raíz de la convocatoria de una gran manifestación y una huelga general en Cataluña, pueda dispararse el grado de violencia como respuesta a la sentencia del procés. Los informes que maneja el comité de coordinación de la Moncloa (la célula de crisis creada para hacer frente a esta situación) apuntan a un potencial incremento de actos vandálicos a cargo de radicales independentistas que pueden afectar a infraestructuras estratégicas y bloquear servicios esenciales. Ante estas perspectivas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene diseñado desde hace un tiempo un plan que se aplicará de forma «proporcional».

El Gobierno confía en no tener que ponerlo en marcha. Defiende la «moderación» a la hora de activar medidas, de forma «gradual» según evolucione la situación. Pero entre los escenarios más negros que el Ejecutivo contempla, siempre dejando claro que no desea tener que aplicarlo, estaría declarar el estado de alarma. «Está preparado, no decidido», informan fuentes gubernamentales.

LA PREVISIÓN / Las perspectivas no son tranquilizadoras. En el Gabinete de Sánchez ha arraigado la sensación de que el president Quim Torra no quiere hacer todo lo que está en su mano para frenar la violencia. A pesar de que tras dos días de silencio condenó los actos vandálicos el miércoles por la noche, en el Ejecutivo consideran que Torra lo hizo «de boquilla», por «presión». De ahí que el Gobierno insista en pedir a Torra que frene los disturbios y que deje atrás su faceta como «activista». El último mensaje lo dejó ayer el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Ninguna actuación delictiva va a quedar impune», dijo. Y esto, subrayó el ministro, no solo incluye a quienes participan en las calles, sino también a sus «responsables e inductores».

El Gobierno dice que tiene todos los escenarios preparados y que piensa actuar con «firmeza» en Cataluña si fuera necesario. Por el momento, no se contempla ni la ley de seguridad nacional para tomar el mando de los Mossos ni el 155 para suspender la autonomía, como piden PP y Ciudadanos, pero eso no significa que estén descartados. Hace más de diez días que existe la sospecha de que la violencia más radical pueda estallar hoy, y la Moncloa contempla que se puedan sabotear infraestructuras críticas. Algo así, continúan las mismas fuentes, conduciría a una situación «insoportable». La paralización de servicios públicos esenciales (sanidad, educación) o cortes de luz que afectasen a parte de la población durante largas horas podrían activar este plan.

De ser así, Sánchez podría poner en marcha la declaración del estado de alarma, que debería ser aprobado por el Consejo de Ministros a través de un decreto, dando cuenta al Congreso, según recoge el artículo 116.1 de la Constitución. En este caso sería la Diputación Permanente de la Cámara baja, ya que las Cortes se encuentran disueltas. La duración de este estado, que ya estudió Mariano Rajoy en el 2017, sería de 15 días prorrogables, siempre que el Congreso lo vuelva a autorizar, y bajo su declaración se podría «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados».

En el Gobierno ha empezado también a arraigar la sensación de que Torra está buscando una provocación para volver a cargarse de razones contra el «Estado opresor». Sánchez quiere ser cauteloso. De momento, la Fiscalía investigará el alcance de la violencia en Cataluña. Además, el Gobierno dice saber quién está detrás de Tsunami Democràtic,