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La memoria histórica Páginas 26 a 28

Sánchez promete ayuda a las familias para las exhumaciones

Veinte familias llevan 40 meses de espera a que se cumpla una sentencia. Ha escrito una carta a la hija de un ferroviario fusilado en Calatayud en 1936

 

Sánchez promete ayuda a las familias para las exhumaciones -

Juan José Fernández
25/09/2019

El lunes por la noche, 13 horas antes de que el Supremo fallase sobre la exhumación de Franco, Mercedes Abril recibió en su casa de Valladolid una carta con membrete de Presidencia del Gobierno. La firma Pedro Sánchez, que asegura en la misiva que su Ejecutivo ayudará a las familias que deseen extraer los restos de sus antecesores de Cuelgamuros.

«No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos», concluye la carta. Sánchez hace su promesa tras recordar que «por primera vez en nuestra historia democrática se ha creado una Dirección General de Memoria Histórica (...) la cual está trabajando en las exhumaciones, declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las víctimas de la guerra civil y del franquismo».

Esta carta de Sánchez es respuesta a otra que el 26 de agosto le entregó Abril aprovechando uno de los encuentros que el presidente mantuvo en verano con colectivos de la sociedad civil. Ese día le tocaba a las entidades de la Memoria Histórica. Mercedes acudió, se acercó a Sánchez y le entregó en mano tres folios en los que le contaba un largo periplo administrativo y sentimental tratando de recuperar a su padre, Rafael Abril, jefe de estación de tren asesinado en Calatayud el 17 de septiembre de 1936.

Representando a otras siete familias de sepultados sin permiso, Mercedes concluía la misiva: «Le solicitamos que se implique personalmente y haga lo posible por que los trabajos para sacar nuestras cajas del Valle sean iniciados a la mayor brevedad posible. Presionen Uds. como gobierno al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional».

A sus 87 años, Abril representa el anhelo de una veintena de familias que esperaban que sus enterrados en el monumento salieran de allí antes que quien los mandó sepultar.

SIN TIEMPO / Pero la exhumación de Franco se hace posible, y las familias no ven aún iniciados los trabajos a los que un fallo judicial les da derecho desde hace 42 meses. Milagros representa las prisas del colectivo. Está cerca de convertirse en nonagenaria. En su carta, Sánchez califica su caso de «historia de gran profundidad emocional». Tenía 3 años el 17 de septiembre de 1936 cuando a su padre se lo llevó un grupo de guardias civiles y falangistas.

En la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos hay otro hijo de fusilado con 97 años, y otro más con 87. «No tenemos tiempo», clama la portavoz, Silvia Navarro, sobrinanieta de José Antonio Marco de Viedma, asesinado también en Calatayud el negro septiembre de 1936. «Se trata de entrar en las criptas y extraer cajas que están en buen estado de conservación –explica–. Patrimonio Nacional ha pedido aclaraciones adicionales a un informe positivo. Pedimos al Gobierno que sorpase esas dilaciones».

El informe es del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción del CSIC, y afirma que se puede entrar en las criptas del Valle sin dañar el monumento. El informe se dio a conocer el pasado día 13 pero el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional volvió a retrasar el procedimiento.

Hace tres años y medio que una decisión de un juez de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial permite a los descendientes de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, anarquistas fusilados, recuperar sus cuerpos. El fallo, del 30 de marzo del 2016, es un precedente clave para otras cinco familias de Ávila, siete de Calatayud, una de Valladolid, una de Barcelona, una de Córdoba, una de Valencia y dos de Madrid que llevan lustros esperando.

Al abogado madrileño Eduardo Ranz, que lleva los casos de siete familias, le ha dejado el fallo un sabor agridulce: «Es una buena noticia para la democracia española –dice–, pero el objetivo de la Memoria es reparación, y aún quedan los restos de miles de personas para cuyas familias hay justicia, pero no reparación».

261 extremeños / En el caso de Extremadura hay 261 «cuerpos procedetnes de Extremadura» enterrados en el Valle de los Caídos, que fueron trasladado, en la gran mayoría, antes de la inauguración de la basílica, según el historiador Juan García Pérez.

Entre 1959 y 1981 se exhumaron fosas y nichos en 19 enclaves de la región para trasladar los restos a los osarios habilitados en el monumento que Franco ordenó erigir a los caídos del bando nacional y donde más tarde fue enterrado también el dictador.

Un articulado del siglo XIX reconocía el derecho a una digna sepultura. Se promulgó para la repatriación de soldados caídos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ranz lo hizo valer para los Lapeña, pero el ministro de Justicia Rafael Catalá lo derogó justo cuando Ranz iba a usarlo en otros casos.

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