La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconselleros Jordi Turull y Josep Rull ha decidido apuntar alto en la lista de testigos que deben declarar en el próximo juicio contra los líderes secesionistas. Entre los propuestos figuran el rey Felipe VI, el expresidente del gobierno Mariano Rajoy y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra huido, según consta en sus escritos de defensa.

La petición del abogado Jordi Pina se formalizó ayer a través de los escritos de defensa que interpuso, uno por cada uno de sus defendidos. La petición de que declare Felipe VI, que se basa en el discurso que pronunció el 3 de octubre en relación con lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre en Cataluña, ya fue anunciada la semana pasada por el exconseller Francesc Homs. Este escrito se suma al interpuesto el lunes por el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva.

El escrito de Sànchez precisa que en el caso de que el Rey no pueda comparecer lo haga el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. Por su parte, los exconsejeros Rull y Turull también incluyen en el listado de sus testigos al lendakari, Iñigo Urkullu, por la mediación que tuvo en el proceso.

En cuanto a Puigdemont, el escrito precisa que declare por videoconferencia, ya que si fuera al Supremo sería automáticamente detenido. Además, esta citación plantea otra dificultad nada baladí como es que si no hubiera huido él también se sentaría en el banquillo de los acusados, por lo que su testimonio estaría muy condicionado. La defensa, además, requiere que comparezca Rajoy ante el tribunal, petición ante la que los magistrados que lo componen están dispuestos a acceder.

Una vez que estén en poder del alto tribunal los escritos de defensa de los 12 acusados a los que juzgará por declarar la independencia unilateral de Cataluña, el Supremo decidirá qué prueba acepta y cuál rechaza y fijará el calendario del juicio, que comenzará a finales de este mes o principios del próximo.

El escrito de defensa de Sànchez, que niega el relato de hechos de las acusaciones, considera «curiosa» la «rebelión o sedición» que se les imputa cuando «los ciudadanos presuntamente rebeldes o sediciosos, blandiendo por mayor arma un simple papel para depositar en una urna, al acabar la votación regresan pacíficamente a sus casas».

Turull esgrime argumentos parecidos y precisa que «no consta ningún episodio -porque no se produjo- en el que se alzara personalmente de modo violento o tumultuario o incitara a los ciudadanos a proceder de tal modo». «Poner las urnas no es ni puede ser considerado jamás un delito», insiste.

Rull, por su parte, denuncia que la justicia ha creado un «relato inexistente» y ha «retorcido» el Código Penal para encontrar una tipificación penal «ad hoc», en referencia a la rebelión, pese a que no hubo alzamiento público, ni violencia.