L a revuelta por la cesión del superávit municipal de los alcaldes de las principales ciudades y de la mayoría de los grupos de la oposición, incluidos los que han venido respaldando al Gobierno, preocupa mucho en la Moncloa. El Ejecutivo, que quiere hacer del diálogo territorial una de sus banderas, tiene ahora a los ayuntamientos en pie de guerra y se expone a una derrota parlamentaria cuando se tramite el polémico decreto, que señala que el Gobierno tomará prestados 14.000 millones de los remanentes municipales, pero devolverá esa cuantía durante la próxima década e inyectará 5.000 millones a los ayuntamientos a lo largo de este año y el que viene. Ante este escenario, Pedro Sánchez anunció ayer que estaba dispuesto a hacer cambios.
«Mano tendida, vamos a seguir negociando con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios para garantizar la tramitación del decreto», dijo el presidente tras entrevistarse con Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca), en su primera reunión oficial desde que se anunció la salida de España del emérito Juan Carlos I. En la práctica, la negociación propuesta por Sánchez implica que el decreto se tramite en el Congreso como proyecto de ley, algo que permite a los grupos parlamentarios plantear modificaciones. De momento, la norma cuenta con 190 diputados en contra, más de la mitad del hemiciclo.
Para evitar este fracaso, el Ministerio de Hacienda anunció el lunes que las entidades locales con superávit que apuesten por cederlo al Gobierno no tendrán que pagar los intereses que abonan a los bancos por tener esos remanentes inactivos. Pero el gesto no apagó las críticas.
Poco antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había avisado de que si el Congreso no convalidaba la norma, los ayuntamientos quedarían sujetos a la regla de gasto y no podrían usar sus remanentes salvo para inversiones financieramente sostenibles, informa Rosa María Sánchez .
El conflicto entre el Gobierno y las entidades locales no formó parte de la reunión con Felipe VI, centrada en la lucha contra la pandemia, según explicó Sánchez, que tampoco incluyó la situación de Juan Carlos I en los asuntos del despacho. Más de una semana después de que se viera forzado a abandonar España, debido a las sospechas de corrupción, el monarca emérito continúa en paradero desconocido, algo que él mismo puso como condición para aceptar su destierro de España. Sánchez no va a romper ese acuerdo.
El martes de la semana pasada, el líder socialista dijo primero que desconocía dónde estaba el exjefe del Estado, y después que quien debía decirlo era la Casa del Rey, que señala que Juan Carlos I es un ciudadano más y que él debe decidir si revela o no su lugar de residencia. Esta vez, Sánchez se limitó a remitirse a la Corona. «Las conversaciones con el jefe del Estado son confidenciales. Somos instituciones distintas. Tiene que ser la Casa del Rey o el propio afectado quien lo comunique», señaló.
El martes, Letizia, durante la visita que la familia real realizó al proyecto educativo Naüm en Son Roca (Palma de Mallorca), contestó un «no te oigo» a quien se lo preguntó. La segunda vez que se la hicieron, disimuló. H
