El Gobierno asume que el mundo independentista vive como una gran victoria la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que esa euforia puede implicar más presión social sobre ERC en un momento extremadamente delicado. Para conjurar ese riesgo, el Ejecutivo ilumina su apuesta por la «vía política» como cauce de resolución del conflicto territorial. La Moncloa apela a los republicanos para que, en lugar de convertir el fallo de Luxemburgo en un «obstáculo», lo «aprovechen» como una «oportunidad» para negociar un acuerdo de investidura que abra una nueva etapa de diálogo cara a poner fin a la «herencia» judicial de la gestión del PP en la crisis.

Desde la prudencia tras los últimos patinazos, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue confiando en un acuerdo que permita que el pleno de reelección del candidato socialista se celebre antes de que termine el año o recién estrenado el 2020.

Los socialistas miran directamente a Oriol Junqueras. Sus palabras de ayer, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en las que apostó por no detener la negociación por mucha sensación de victoria que implicase la sentencia de TJUE, causaron un gran alivio en la Moncloa. El Gobierno llegó a la conclusión de que, más allá de la decisión formal de la ejecutiva de los republicanos que congelaba las conversaciones, seguía latiendo la voluntad de llegar a un pacto.

MISMO MENSAJE / En realidad, más allá de la gesticulación casi obligada a las puertas del congreso que ERC celebra hoy, el partido independentista y el Ejecutivo dejaron el mismo mensaje. «Espero que aprovechen la oportunidad. Les ponemos en bandeja el cambio de vía, pasar de la judicialización a hacer política», defendía el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià. «No convirtamos en obstáculo lo que no lo es, aprovechemos la oportunidad que se nos presenta con la sentencia del TJUE» para volver a la «vía política», respondió unas horas después la portavoz gubernamental, Isabel Celaá. Esta evitó hablar de negociación congelada y subrayó la posición del líder de ERC como criterio guía: «Si ese ánimo [de volver al cauce de la política] es adecuadamente compartido, como parece por las declaraciones de Junqueras, esto llegará a buen puerto».

La portavoz dejó claro que la Moncloa no ha tirado la toalla y que, aunque la sentencia del TJUE supone algún «pormenor», si se levanta la mirada el pacto sigue estando al alcance de la mano antes de que termine el año. Los plazos son posibles pero complicadísimos, máxime teniendo en cuenta que la Abogacía General del Estado, dependiente del Gobierno, no presentará sus alegaciones a la resolución de Luxemburgo como pronto hasta el lunes. Según Celaá, los servicios jurídicos están estudiando «profusamente» la sentencia europea, que abarca 24 páginas. ERC confía en que este órgano haga un gesto de buena voluntad y se alinee con las tesis del TJUE, que determinó que Junqueras era europarlamentario y disponía de inmunidad como tal desde el 13 de junio, cuando se proclamaron los resultados electorales.

«La sentencia obliga a enfrentar el problema de fondo», admiten fuentes socialistas, que opinan que el TJUE «ha iluminado» el camino hacia el pacto porque ha dejado claro «cuál es el escollo principal».