Una semana después de que se hiciera pública la sentencia del 'procés', a veinte días de las elecciones generales, y en plena bronca política por los altercados en Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes por la mañana a Barcelona, por sorpresa. Antes de salir de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha contestado con una carta a la misiva que el sábado le envió Quim Torra y a las dos llamadas telefónicas -sábado y domingo- a las que no atendió personalmente. En un tono especialmente duro, Sánchez reprocha al 'president' que no haya condenado tajantemente la violencia, que haya "vuelto la espalda" a las fuerzas de seguridad y haber "ignorado a más de la mitad de la población catalana". Son, dice Sánchez, las tres obligaciones que debe cumplir un gobernante si quiere "ostentar con dignidad la representación de su comunidad ante cualquier interlocutor: condenar la violencia de forma rotunda, amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten y evitar la discordia civil".

Como ya hiciera este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el presidente viaja a Barcelona para visitar a los agentes heridos en los disturbios de la última semana. Uno de ellos permanece en la UCI en estado muy grave después de recibir un fuerte impacto en la cabeza.

Sánchez llega a Barcelona después de dos jornadas en las que las protestas en las calles han estado algo más contenidas, pero en las que ha aumentado la temperatura de la disputa política. Pelea entre las fuerzas independentistas, por su distinta interpretación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y el papel de Torra. Y azote también desde los partidos de la derecha, que exigen al jefe del Ejecutivo mano dura en Cataluña. El presidente del PP, Pablo Casado, estará también este lunes en Barcelona.

La visita de Sánchez llega un día después de que el líder del PSC, Miquel Iceta, enviase una carta a Torra en la que le exigía que condene la violencia de forma clara y muestre su apoyo a las fuerzas de seguridad para poder, después, reunirse con los grupos políticos del Parlament o retomar la labor del Espacio para el Diálogo, creado a instancias de la Cámara catalana. "Sin este trabajo previo usted no podrá pretender hablar en nombre del conjunto del país", advertía Iceta.

El presidente era muy consciente de que la sentencia del 'procés' iba a sacudir la campaña electoral. También de que la respuesta de una parte de la población podía terminar en altercados, como finalmente ha sucedido, y que el manejo de esta crisis, por lo tanto, iba a tener un impacto decisivo en el resultado del 10-N. Con esta convicción, su el Gobierno analizó al detalle todos los escenarios que podían producirse y decidió que la respuesta en Cataluña debía ser proporcional al desafío, es decir, sin ceder a las medidas excepcionales que piden PP y Cs mientras el conflicto fuera de orden público, y sin mostrar la empatía que le reclama Podemos con el independentismo.