Eduardo Hinojosa, dueño de las tiendas en las que encargó trajes el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, salió ayer trasquilado del juicio laboral en el que defendió el despido del sastre José Tomás después de que este declarara ante el juez Baltasar Garzón por el caso Gürtel. La empresa no pudo probar que Tomás falseara facturas, ya que varios exempleados negaron que él realizase esta tarea.

El sastre recibió la carta de despido tras reclamar unas facturas libradas a Orange Market, la empresa de Alvaro Pérez, el Bigotes, que supuestamente pagó trajes a Camps y a otras tres personas. En estos documentos aparecían conceptos irreales, como telas, para que pudieran ser desgravadas. "Lo utilizan como chivo expiatorio", afirmó el letrado de Tomás, Luis Zumalacárregui.

Por su parte, Hinojosa admitió conocer a Pérez y que este le presentó al jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, y a su lugarteniente, Pablo Crespo. Además, confirmó que una de sus hijas trabajó como becaria en una de las empresas de Correa.

Los testigos propuestos por el dueño de Milano y Forever Young dejaron claro que era falso un documento que recogía el importe de las devoluciones de productos que habían vendido y en el que se imputa al sastre un agujero de casi 500.000 euros. Y los del sastre confirmaron que este no se encargaba de librar facturas y también que fue degradado por la empresa, ya que pasó de ser responsable de tiendas a ser un "simple vendedor".

CONTRATO BLINDADO La empresa, en un parco informe, solicitó a la jueza, Pilar Baras, que declare procedente el despido. Mientras, el letrado del sastre reclamó el pago de las mensualidades que ha dejado de percibir su cliente tras el despido --unos 232.500 euros-- y que estaban fijadas en un contrato blindado.

Al término de la vista, Tomás confió en ganar el pleito y reveló, además, que Hinojosa se reunió varias veces con el dirigente popular Federico Trillo para preparar una denuncia contra él que "no aparece en ningún juzgado de Madrid".