«Intenso debate», falta de unanimidad y resultado ajustado. Así fue cómo se desarrollaron ayer las reuniones de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledores, Mas d’Enric y Puig de les Basses que desembocaron en la propuesta de clasificar penitenciariamente a los nueve líderes independentistas encarcelados por la sentencia del procés en el segundo grado. Se trata del régimen ordinario que permite conceder a los reclusos permisos hasta un máximo de 36 días al año, pero que abre la puerta a la aplicación de medidas excepcionales para que puedan salir de prisión para trabajar o hacer voluntariado a medio plazo.

En reuniones simultáneas a primera hora, las tres juntas de tratamiento, integradas por técnicos y el director de cada cárcel con voto de calidad, elevaron la propuesta de segundo grado que ahora, en un plazo de dos meses, debe ser ratificada o no por la secretaría de Medidas Penales de la Consejería de Justicia. Fuentes penitenciarias apuntaron que lo habitual es que este órgano, cuyos miembros también son técnicos, den el visto bueno a la propuesta de la juntas de tratamiento. Como aclaró Amand Calderó, responsable político de las cárceles de la Generalitat, si no fuera así, se constataría que no se trabaja en sintonía. La clasificación incial puede ser recurrida por la fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en segunda instancia, ante el Tribunal Supremo, en calidad de tribunal sentenciador.

La clasificación en segundo o tercer grado -el régimen abierto que permite ir solo a dormir a la cárcel entre semana) marcó la disputa. El resultado de la votación, que la Generalitat se negó a revelar por las características de los equipos técnicos, fue muy ajustado. Es decir, la división fue notable. Uno de los incovenientes de catalogar a los presos independentistas en tercer grado ya de entrada era la duración de la condena, dado que se les impusieron penas entre de 9 a 13 años de prisión, más inhabilitación. Los grados se deben revisar como máximo cada seis meses.

LOS PRIMEROS, LOS JORDIS / A pesar de que la Generalitat tiene dos meses para ratificar o no la propuesta, es muy posible que este plazo se acorte. La razón: a mediados de enero, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez pueden empezar a solicitar permisos ordinarios, al haber cumplido una cuarta parte de la condena. Y solo pueden pedirlos si están clasificados de forma oficial en segundo grado. De lo contrario, sufrirían un agravio, al verse obligados a retrasar la posibilidad de abandonar la cárcel, aunque solo sea por unos días. La confirmación del segundo grado activará la cuenta atrás para las primeras salidas, por ejemplo, si los presos se acogen al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permitirá salir de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado, y solo deberán acudir a un centro para dormir durante las jornadas laborables. Este precepto establece la posibilidad de «hacer el sistema más flexible» respecto a cada penado en el marco de «un programa especifíco de tratamiento».

Esta medida «excepcional» la acuerda directamente la junta de tratamiento de las cárceles y no pasa por la Generalitat. Aunque necesita la posterior aprobación del juez de vigilancia, este trámite no suspende su ejecución. En caso de recurso, este se presentaría ante la Audiencia de Barcelona y se esquivaría al Tribunal Supremo. En el caso de Oriol Pujol, la fiscalía tildó el uso de este artículo del reglamento penitenciario de tercer grado «encubierto».

AVISO AL PSOE / El calendario de clasificación coincide de lleno con las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, un proceso en el que no sería descartable que los republicanos exigiesen al Gobierno un gesto para que la fiscalía no obstaculice, vía recursos, los beneficios penitenciarios que en un futuro puedan concederse a los líderes independentistas.

Junts per Catalunya y ERC lamentaron ayer que las juntas de tratamiento de las cárceles hayan optado por el segundo grado para los nueve condenados. «Nos habría gustado otra decisión. Se debería haber optado por la medida que menos perjudicara a los presos, cumplían todos los requisitos legales para ser clasificados en tercer grado», dijo Josep Costa, diputado de JxCat.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, envió un mensaje al PSOE: «En ningún lugar del mundo el diálogo político va acompañado de represión». Y en este sentido, señaló que un eventual recurso de la fiscalía a la calificación de los presos será entendido por ERC como una decisión «política y no técnica».