El exalcalde de Marbella Julián Muñoz, habitual de las revistas del corazón por su relación sentimental con Isabel Pantoja, ha sido condenado, junto a otros seis extenientes de alcalde de la localidad turística malagueña a seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La justicia considera probado que los acusados, de los cuales dos, Rafael González y María Luisa Alcalá, continúan siendo concejales, delinquieron en la tramitación del proyecto de una nueva urbanización. Ninguno, no obstante, deberá ingresar en prisión porque la pena es inferior a un año de cárcel.
Todos los condenados eran tenientes de alcalde del GIL en la etapa en la que Jesús Gil era el alcalde de Marbella. De hecho, la sentencia hace mención específica a Gil, alcalde entre 1991 y el 2003. Señala que, al haber fallecido, se ha extinguido su responsabilidad criminal en el caso. El fallo, en cualquier caso, puede ser el primero de una larga cadena, pues hay pendientes una treintena de sumarios por causas similares, aunque tramitados por vía contenciosa. La acumulación de penas sí podría llevar más adelante a prisión a Muñoz.
La sentencia en contra de Julián Muñoz es una de las primeras condenas de cárcel falladas en Málaga por un delito urbanístico. El caso juzgado se refiere a la licencia de obra concedida a Banana Beach, una urbanización de 238 viviendas, aparcamientos y locales comerciales construida en suelo público calificado como zona verde.
El Juzgado de lo Penal número 5 acusa a los siete implicados de un delito consumado contra la ordenación del territorio en la modalidad de "prevaricación funcionarial urbanística". Es decir, el equipo de gobierno concedió en septiembre de 1998, siendo Muñoz alcalde accidental, la licencia de obras a la empresa Turasa acogiéndose al Plan General de Ordenamiento (PGOU) de 1998 y no al de 1986, sabedores de que era el único reconocido por la Junta de Andalucía.
El PGOU de 1998 fue aprobado de forma unilateral por el GIL durante un pleno nocturno y basándose en el silencio administrativo de la comisión provincial de Urbanismo, y ya ha sido anulado por el Tribunal Superior de Andalucía.
"LA CONCIENCIA TRANQUILA" Esta ha sido precisamente la defensa de Muñoz, que ayer afirmó "tener la conciencia tranquila" ya que los permisos de obras se concedieron "conforme a los informes de peritos y técnicos municipales, catedráticos y abogados de prestigio". Así, su defensa ya ha iniciado los trámites para recurrir la decisión.
Según el juez, la concesión se hizo a pesar de un informe negativo del arquitecto municipal, por no ajustarse a ninguno de los dos planeamientos, y a falta de otros informes preceptivos.
