El pleno del Senado ha aprobado hoy de forma definitiva la reforma del Código Penal, que agrava el castigo para los delitos de corrupción, terrorismo y abusos sexuales a menores e incluye la libertad vigilada de hasta 10 años para terroristas y pederastas reincidentes una vez cumplida la condena.
El Senado ha rechazado todas las enmiendas de las fuerzas políticas y no ha introducido cambios en el proyecto remitido por el Congreso, que ha salido adelante con los votos a favor de los socialistas, CiU, Entesa Catalana de Progrés, CC y UPN, la abstención del PP y el BNG y el voto en contra del PNV.
PROYECTO OPORTUNO Y NECESARIO
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha defendido la reforma durante el debate en el pleno, ha destacado que el nuevo Código Penal es "necesario, adecuado y pensado por todos, con el trabajo de todos, para atender la realidad social de nuestro país".
Se trata de un proyecto oportuno y necesario, según Caamaño, porque atiende nuestros compromisos internacionales al incluir nuevos delitos como la trata de seres humanos, el tráfico de órganos o la corrupción en el sector privado.
Introduce también cambios en algunos tipos penales ya existentes, especialmente en delitos sexuales, para conseguir una mayor protección de las víctimas, en particular cuando son menores, y en delitos de terrorismo, tipificando de forma expresa la captación o adoctrinamiento de personas para su integración en organizaciones terroristas.
INTERPRETACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
El titular de Justicia considera que esta reforma, la número 26 del Código Penal en 15 años, también resuelve los problemas de interpretación de la prescripción y cubre "intolerables lagunas de punibilidad" frente a delitos de corrupción que provocan un grave daño social.
En este bloque, destaca la tipificación de nuevos supuestos de corrupción o cohecho entre particulares, acoso inmobiliario, los delitos a través de internet y la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El ministro ha recalcado además que se corrige el "desmedido rigor penal" para conductas de menor gravedad, como el tráfico de drogas de escasa entidad o el llamado "top manta", que -según lo aprobado en el Congreso- pasa de ser delito a falta, de tal forma que los "manteros" cuyo beneficio no supere los 400 euros no tendrán pena de cárcel.
En opinión de Caamaño estamos ante un proyecto dialogado, dentro y fuera del Parlamento, participado por todos los grupos parlamentarios y que "da una solución responsable a las principales cuestiones de política criminal de la sociedad española de hoy".
NO SOLUCIONA LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA
Frente a estas consideraciones, el PP, que se ha abstenido en la votación, ha vuelto a mostrar su desacuerdo con un proyecto que, a su juicio, no soluciona la complejidad del sistema de penas ni da una respuesta a la sensación de impunidad que existe en la sociedad y al aumento de los delitos violentos.
El senador 'popular' Manuel Altava ha defendido las enmiendas de su partido, que han sido rechazadas y, entre otras cosas, proponían la "cadena perpetua revisable" para delitos graves y la ampliación de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte a los que causen lesiones graves o cuando haya secuestro de la víctima.
En contra de la reforma ha votado el PNV, que rechaza -entre otras medidas- la regulación de la libertad vigilada y considera que se ha acometido un nuevo endurecimiento punitivo que "está cada vez más reñido con el fin resocializador" del derecho penal, ha dicho el senador Joseba Zubía.
Por parte de Entesa Catalana de Progrés, -grupo que integra al PSC, ERC e ICV- su portavoz, el senador Jordi Guillot, que ha votado a favor del proyecto, ha expresado también sus dudas de que esté justificada esta reforma cuando tenemos la mitad de delitos que la media europea y el doble de encarcelados.
El nuevo Código Penal entrará en vigor en seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
