El pleno del Senado ha rechazado hoy una moción presentada por Entesa en la que se instaba al Gobierno a retirar de manera inmediata el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.
La iniciativa parlamentaria no ha salido adelante al contar con el voto negativo del Partido Popular, en tanto que el resto de grupos han votado a favor o se han abstenido.
El Consejo de Ministros dio el visto bueno el pasado 15 de febrero al informe de esta reforma, con la que el Gobierno persigue ahorrar unos 7.129 millones de euros y clarificar las competencias entre administraciones.
El texto debe ser estudiado ahora por el Consejo de Estado y analizado por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros y su envío a las Cortes Generales.
El senador de la Entesa Joan Saura ha defendido esta moción porque, a su juicio, este proyecto de reforma de los ayuntamientos "es una barbaridad" que "empeora la calidad de vida de la ciudadanía mas vulnerable" y "fulmina competencias y capacidades" de los consistorios para desarrollar políticas sensibles en el ámbito social.
Saura ha destacado que estas políticas tienen que ver con la "necesidad" de un desarrollo de "cohesión social" que hasta ahora prestaban los ayuntamientos y ha subrayado que sus competencias quedarían "reducidas a cosas necesarias pero insuficientes", como la gestión del agua potable, cementerios o tratamiento de residuos.
Asimismo, ha afirmado que esta reforma tiene una "lógica recentralizadora" y ha añadido que "es imposible" establecer costes estándar de los servicios con la "diversidad municipal" que tiene España.
Respecto al posible ahorro de más de 7.000 millones previsto por el Gobierno, Saura ha afirmado que "ningún dato" avala esa previsión y ha dicho que las entidades locales aportan al déficit total del Estado una pequeña parte.
El Partido Popular ha justificado su posición al entender que no es "admisible" este texto "por los argumentos que esgrime, ni las peticiones que solicita", ya que, según ha afirmado el senador Antonio Sanz, "parte de premisas falsas, inventa medidas que no existen y se precipita".
Sanz ha destacado que "es falso que la reforma esté planteando una recentralización, ni que se privaticen servicios o se intervengan los ayuntamientos".
"Esta reforma pretende racionalizar, evitar duplicidades, dota de financiación suficiente a las entidades municipales y pretende que los servicios se presten con la calidad que los ciudadanos reclaman", ha concluido.
Durante el debate parlamentario, el senador socialista Juan Alberto Belloch ha asegurado que a esta reforma "se le llama racional con cinismo" y ha destacado que tiene fundamentos ideológicos en "el liberalismo mas radical posibilitando que se saquen a concurso los servicios públicos municipales rentables".
A su juicio, el Gobierno "trata de trasladar las culpas a quien no las tiene". "Nadie serio puede pensar que las razones de la deuda descansan en los municipios", ha apostillado.
La senadora de CiU María Teresa Rivero ha mostrado su incertidumbre ante esta reforma, "como concejala y como catalana", porque "cruza la línea roja de competencias impropias en Cataluña".
Además, ha señalado que "es injusta, recentralizadora y no da respuesta a las reclamaciones del mundo local".
